El decálogo

Cerco a la impunidad

Como conclusión del debate #MásDemocracia mantenido durante toda esta semana con políticos, empresarios, sindicatos, expertos, representantes de los movimientos sociales, juristas, lectores y analistas, EL PERIÓDICO presenta un decálogo de propuestas para poner fin a la corrupción e insta a los partidos políticos a ponerlas en práctica dentro de un esfuerzo común de los ciudadanos contra esta lacra. Tal como muestra el mural de portadas del diario (en la FOTOGALERÍA), urge una regeneración democrática

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1 Medidas para la reforma política a)

Sistema electoral mixto: una parte de los diputados elegidos por circunscripción y la otra en una lista única abierta.

b)Democratización del funcionamiento interno de los partidos: primarias para la elección de los cabezas de lista, consulta a la militancia en la confección de candidaturas y la aprobación de los programas, limitación de mandatos y del número de cargos institucionales que pueden acumular los militantes.

c)Reforma del sistema de elección de los órganos constitucionales y consejos de entes públicos, suprimiendo las cuotas partidistas.

d)Un código de conducta para cada organismo público fijará las pautas de conducta para gestionar los conflictos de intereses, la percepción de obsequios, las relaciones con lobis y las incompatibilidades tras abandonar el cargo, extremando la cautela en el trasvase de la administración pública a la empresa privada.

2 La financiación de los partidos

a)Publicación y fiscalización anual de las cuentas de los partidos.

b)Los partidos y sus fundaciones afines tendrán una contabilidad única.

c) Conversión del Tribunal de Cuentas en un órgano profesionalizado e independiente, sin cuotas de partidos. Este órgano fiscalizador tendrá uno o más interventores empotrados en los partidos con representación parlamentaria.

d)El Tribunal de Cuentas aprobará y difundirá los informes de fiscalización de los partidos, incluida la identidad de los donantes privados, durante el primer año posterior al ejercicio analizado.

e)Los salarios de los cargos públicos deben ser proporcionales a las responsabilidades del trabajo.

3 Los gastos electorales

a)Limitación por ley, con criterios objetivos de proporcionalidad y representatividad, de los gastos anuales de los partidos, suprimiendo la actual distinción entre partidas electorales y ordinarias.

b)Limitación legal de los donativos privados y prohibición de las aportaciones anónimas, también para las fundaciones afines.

c)Una central de gastos adscrita a la Junta Electoral adjudicará por concurso público elmailing conjunto de todas las fuerzas parlamentarias, la reserva de espacios publicitarios y demás recursos electorales, garantizando un reparto proporcional de los mismos.

4 Pacto ético de los partidos

a)Los políticos imputados por delitos de corrupción cesarán temporalmente en sus funciones cuando el juez presente indicios racionales de uno o varios de los siguientes delitos: cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, negociación prohibida a los funcionarios, fraude fiscal y delito urbanístico.

b)Los cargos electos imputados podrán conservar el acta, pero serán privados de responsabilidades ejecutivas e institucionales en tanto se sustancie el procedimiento judicial y no figurarán en las listas electorales, salvo que estas sean abiertas.

c)Los partidos no se personarán en causas judiciales que afecten a otras formaciones ni emplearán tácticas obstruccionistas para dilatar los procesos legales que les afectan.

e)Los partidos excluirán de la pugna política los casos sujetos a investigación judicial y/o parlamentaria.

5 Ley de transparencia

a)La futura ley de transparencia debe regir sobre todas las instituciones: la Corona, las administraciones, las cámaras parlamentarias y las empresas públicas.

b)Los cargos públicos harán pública una declaración de bienes al tomar posesión y otra al cesar que estarán disponibles en internet.

c)La imputación motivada de un cargo público acarreará la apertura automática de una investigación parlamentaria o municipal, ante la que los citados estarán obligados a comparecer.

d)Creación de un registro público de lobis.

6 Control de los contratos públicos

a)Control independiente y difusiónon line de las adjudicaciones, las ofertas ganadoras y las perdedoras.

b)Fijación de un límite legal máximo de sobrecoste de los contratos públicos.

7 Los ingresos de los ayuntamientos

a)Reforma de la Administración local que determine los servicios que está obligada a prestar y que garantice su correcta financiación pública.

b)Racionalización de las estructuras políticas de ámbito municipal para evitar duplicidades, sobrecostes y acumulación de cargos públicos.

c)Controles públicos transparentes y rigurosos que eviten recalificaciones u otras operaciones urbanísticas que no sean de interés general.

8 Eficacia de la justicia

a)Revisión de la figura procesal del imputado para que el derecho a la legítima defensa no acarree una penalización social antes de que el juez detecte indicios racionales de delito.

b)Tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos políticos y el enriquecimiento injustificado de los cargos públicos.

c) Dotar a la administración de justicia de los recursos y los mecanismos de control necesarios para la rápida investigación y tramitación judicial de los casos de corrupción.

d)Perseguir a los corruptores: los condenados por delitos de corrupción quedarán inhabilitados para presentarse a concursos públicos.

9 Democracia participativa

Facilitar el acceso a instituciones y partidos a través de las tecnologías de la información. La interactividad, inmediatez y bidireccionalidad de internet permiten superar las distancias entre ciudadanos y políticos y poner en práctica proyectos de e-democracia que ya existen en otros países de nuestro entorno.

10 Formación en valores

a)Introducir en los diferentes niveles educativos, desde la enseñanza obligatoria hasta la universidad, de asignaturas y contenidos éticos y de valores contra la corrupción.

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b) Instruir a los funcionarios públicos en valores cívicos y la detección temprana de conductas compatibles con la corrupción.

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