Los diez grandes cambios de la 'ley Wert'
El ataque a la inmersión lingüística y la centralización del sistema, principales críticas de la Generalitat
Desde que fueran presentadas sus líneas generales, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha generado el rechazo de la comunidad educativa así como de las comunidades autónomas no gobernadas por el PP. En Catalunya, las asociaciones de padres de alumnos, sindicatos, partidos políticos y la Generalitat han mostrado su total oposición, argumentando que supone entre otras cosas, una invasión de competencias y un ataque frontal al modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana. La Generalitat ya ha anunciado, y lo ha ratificado este jueves la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional.
La primacía del castellano, que supone el adiós al modelo que Catalunya ha aplicado durante los últimos 30 años y la recentralización, son las cuestiones más criticadas por Catalunya. La LOMCE aumenta también el peso de la religión católica, reinstaura el sistema de reválidas y evaluaciones continuas y la segregación temprana del alumnado, que a los 15 años, según los profesores, serán separados según su nivel de matemáticas.
La escuela que salga de la ley Wert será también una escuela menos participativa, donde la concertada gana peso, con directores mucho más reforzados y donde los funcionarios pueden ser instado a cambiar el destino y la función, según el criterio de la Administración.
Sindicatos, asociaciones de padres y alumnos asociaciones de la red pública y de la concertada, han dejado al lado sus diferencias para unirse contra la ley. Según denuncian, la reforma no ha sido ni debatida ni consensuada con la comunidad educativa. Han convocado una huelga y movilizaciones para el próximo 24 de octubre. Tras la aprobación este jueves por el pleno del Congreso, la ley deberá ser ratificada por el Senado. Fuentes parlamentarias estiman su aprobación definitiva para finales de noviembre o comienzos de diciembre. El Gobierno de Mariano Rajoy siempre ha manifestado su intención de que la ley fuera aprobada en otoño que las primeras medidas puedan ser puestas en marcha el próximo curso 2014-2015.
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