Tres detenidos por el desvío de fondos de cinco cajas de ahorro

La Guardia Civil detuvo a tres empresarios, entre ellos un exdirectivo de Caixa de Terrassa, acusados de desviar casi seis millones de euros procedentes de cinco cajas de ahorro a través de facturas falsas o hinchadas emitidas por la desaparecida empresa inmobiliaria CIPSA en una serie de operaciones de compraventa de solares. Los agentes también procedieron al registro de tres viviendas y sedes de sociedades en Terrassa, Esplugues de Llobregat y Sant Feliu de Codines. La investigación corre a cargo de titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García Martínez.

La Guardia Civil detuvo a primera hora de la mañana a Carlos Fernández Gómez, director general de CIPSA, defendido por el abogado Manuel Troyano; a su colaborador Clemente Aulet Torrens, subdirector de la empresa; y a Miguel Gamell Molina, al que la jueza vincula con entramado empresarial y que fue directivo de Caixa Terrassa, una de las entidades afectadas en las operaciones supuestamente fraudulentas. La investigación nació a raíz de una querella presentada en el 2012.

La jueza llegó a imputar en junio del 2013 a 25 personas, pero la Audiencia de Barcelona acordó que debía dejar fuera del proceso a cargos de entidades bancarias. La magistrada continuó con la investigación y ayer ordenó los registros y la detención de los tres empresarios. Según el auto judicial al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el cabecilla de la trama sería Carlos Fernández, que colocó a personas de su confianza como «administradores ficticios» en las mercantiles a las que «se desviaron cantidades indebidamente cobradas» a las cinco cajas de ahorro afectadas (Terrassa, Laietana, Navarra, Manlleu y España).

Estrecha relación

La jueza sostiene que los responsables de CIPSA, «aprovechando su relación bancaria con directivos» de las cinco cajas, les convencieron para invertir en operaciones inmobiliarias entre los años 2005 y 2007 a través de la creación de empresas participadas por las entidades. CIPSA proporcionaba el proyecto de adquisición de solares, cuyo coste y gastos eran financiados por las cajas, que veían en estas operaciones futuros clientes que podían contratarles hipotecas de viviendas y locales que se pensaban construir.

Sin embrago, según la jueza, los directivos de CIPSA emitieron a las empresas mixtas creadas para las operaciones facturas por «conceptos no reales» o incrementadas, que fueron pagadas a costa de las cajas de ahorro. Los desembolsos de dinero, insiste el auto judicial, fueron autorizados, precisamente, por los directivos de las entidades bancarias que formaban parte, a su vez, del consejo de administración de las compañías intermediarias. Hay, al menos, 11 operaciones bajo sospecha.