Tarjeta roja

Según publica la FIFA, existen cerca de 1,5 millones de clubs y 240 millones de jugadores de fútbol federados en todo el mundo, que generan un negocio global de unos 500.000 millones de dólares. Según la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en España hay más de 20.000 clubs y unos 800.000 futbolistas federados, generando un negocio equivalente al 1,5% del PIB español. El fútbol europeo es el deporte más visto por televisión en todo el mundo, siendo el fútbol el deporte de equipo más popular en todo el planeta, con la excepción de EEUU. Todos estos datos ponen de manifiesto que el fútbol es un deporte de masas bien situado en la industria del entretenimiento, pero las cifras económicas apuntan que, salvo contadas excepciones, no se trata de un buen negocio y para la mayoría de los clubs españoles se trata de un negocio ruinoso.

El balance de situación económico-financiero del fútbol español elaborado por el Consejo Superior de Deportes y que analiza de forma conjunta a los equipos de Primera y Segunda División, muestra unas cifras que ponen los pelos de punta: el endeudamiento asciende a cerca de 3.500 millones de euros (2.900 millones en Primera y 550 millones en Segunda), de los que 2.000 millones son deudas que vencen en el corto plazo; al mismo tiempo, la deuda con la Hacienda Pública alcanza los 670 millones de euros, en gran parte culpa de la propia Administración que ha otorgado un trato de favor a los clubs que ya hubiera querido cualquier ciudadano o empresa para sí.

En las últimas 15 temporadas el resultado ordinario del ejercicio ha sido siempre negativo, tanto en la Primera como en la Segunda División, tan solo gracias a los ingresos extraordinarios que generan las ventas de algunos jugadores se consigue alguna temporada un resultado positivo en las cuentas de la Primera División, mientras que la Segunda División, incluso contemplando esos ingresos extraordinarios, cierra las 15 últimas temporadas con pérdidas. Los derechos de televisión son la principal fuente de ingresos de los clubs, por encima de la recaudación de taquilla y abonados y de los ingresos por comercialización y publicidad, de ahí la importancia del recién aprobado real decreto ley relativo a la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol.

La ley de 1990

Pero empecemos por el pasado. El origen de la mayoría de los males está en la famosa ley del deporte aprobada en 1990, que daba entrada a las sociedades anónimas deportivas (SAD) con la pretensión de establecer un modelo de responsabilidad jurídica y económica en los clubs del fútbol profesional. El tiempo ha demostrado que esta figura se ha acabado convirtiendo en una pesadísima losa para la mayoría de ellos. La obligatoriedad de convertirse en SAD ha facilitado el lamentable hecho de que se apropien de instituciones deportivas y de su enorme legado histórico y social, a veces centenario, personajes indeseables, propietarios mayoritarios imputados o condenados por diferentes delitos, gestores y directivos derrochadores o especuladores y exóticos dueños que han hecho dejación de sus responsabilidades sin que nada puedan (o hayan querido) hacer las autoridades para apartarlos de su posición.

Como muestra de esta realidad, más de 30 clubs españoles han buscado el amparo de la ley concursal aprobada en el 2003 para facilitar la viabilidad de las empresas en dificultades. Clubs tan relevantes como el Sporting de Gijón, el Betis, el Málaga, el Recreativo, el Granada, el Cádiz, el Celta, el Rayo y el Deportivo. En muchas ocasiones, este recurso se ha aprovechado para evitar el castigo deportivo del descenso automático, pero no para conseguir la ansiada solvencia. Si no se hubiera permitido esta artimaña de los clubs y se hubiera aplicado la ley, la historia se contaría de otra forma.

El buen ejemplo del Eibar

Pero al igual que la aldea gala de Astérix, existe un club que resiste al fiasco del fútbol español y que debería servir de ejemplo y de referencia. Se trata del Eibar. La economía del Eibar es de manual, el club no tiene un solo euro de deuda, no gasta más de lo que tiene, el día uno de cada mes ingresa puntualmente el sueldo a todos sus empleados, todas esas cosas que los clubs profesionales hace tiempo que dejaron de hacer. Como ellos dicen, se trata de una cuestión de ética, de poner la ética por encima de la ambición. Fácil de decir, pero difícil de seguir. Y eso habla no solo del fútbol moderno sino de la sociedad en general.

Ejemplos como el Eibar es lo que la sociedad necesita: modelos que aplican los criterios de gestión empresarial más básicos y que llegan al éxito de una manera limpia. Como muestra, la ampliación de capital que la ley del deporte le obligó a realizar hace menos de un año, elevando su capital social de los poco más de 400.000 euros hasta los 2,1 millones y que consiguieron gracias a la suscripción de 8.000 accionistas, evitando el aterrizaje de un accionista mayoritario que tanto daño ha hecho en otros casos. O el tan habitual recurso a la inyección de dinero público.

Y llegamos al presente. Con la aprobación del real decreto ley 5/2015 el Gobierno confía en aportar soluciones al problema del fútbol por la vía del intervencionismo, implantando un modelo de venta conjunta de derechos y estableciendo un sistema de reparto de ingresos entre los clubs diferente. Las razones que esgrime son la relevancia social del fútbol y la supuesta ineficiencia del modelo de autorregulación actual. El tiempo dirá si estamos ante el definitivo gol por la escuadra a la crisis del fútbol español, o si ya es tarde para cambiar una dinámica muy viciada.