Suben un 30% las multas por fichar a parados 'en negro'

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha recurrido a un insólito formato para explicar los resultados de la campaña contra el fraude laboral. En una carta abierta enviada como un comunicado, Báñez defiende que hay que actuar «con la mayor contundencia» en contra de las empresas y los trabajadores que defraudan al Servicio Público de Empleo y a la Seguridad Social. En el primer semestre, la mano dura se reparte entre compañías y desempleados.

Las sanciones impuestas a empresas que tenían en plantilla a supuestos paradosen negroque cobraban del antiguo Inem o a los que se ayudó a hacerlo se han incrementado un 30,57%. La otra cara de la misma moneda son los 5.833 trabajadores denunciados por compatibilizar indebidamente las prestaciones de desempleo con el trabajo, o por haberlas obtenido fraudulentamente, lo que supone un incremento del 29% en relación con los 4.526 parados del 2012.

En los últimos meses también se ha intensificado la investigación por parte de los inspectores de Trabajo, en colaboración con los Cuerpos de Seguridad del Estado, de la creación de empresas ficticias. En el primer semestre se llevaron a cabo 14.842 inspecciones, frente a las 10.105 del mismo período del año anterior, por lo que hubo un aumento del 46,88%. Como consecuencia, se detectaron 1.964 infracciones, frente a las 809 del mismo periodo del 2012, un 146,26% más.

FRENO JUDICIAL / En el otro lado de la persecución del fraude se encuentran los 60.004 parados, un 14,80% más que en el mismo periodo del 2012, a los que se retiró la prestación de desempleo. Los motivos de esa anulación del abono, que ha permitido un ahorro a las arcas públicas de 915,2 millones, fueron el rechazo a ofertas de empleo, la falta de disponibilidad para llevar a cabo acciones en las oficinas del Servicio Público de Empleo así como no cumplir los requisitos en cuanto a periodos cotizados e ingresos necesarios para tener derecho al cobro.

Sin embargo, la persecución del fraude choca a veces con otros derechos de los ciudadanos. Uno de los últimos casos se ha conocido a través de una sentencia del Tribunal Superior de Catalunya que tira de las orejas al ministerio por quitar el subsidio a un parado que percibía una ayuda de 519 euros por cuidar de su hija discapacitada que «no se puede considerar una renta».

En el primer año y medio del plan antifraude, se han realizado 334.214 inspecciones que han hecho aflorar 130.512 empleos sumergidos. En prestaciones, se han ahorrado 3.160,67 millones. La ministra advierte en su carta de que sin la colaboración de la sociedad será muy difícil erradicar el fraude laboral, y anuncia la creación de un buzón en la web para denuncias anónimas que serán investigadas.