El Gobierno aprobará un código de buenas prácticas para facilitar el cobro de las cláusulas suelo

El Gobierno aprobará el próximo viernes un código de buenas prácticas para que los clientes afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar "con celeridad" lo que los bancos les cobraron de más, según ha determinado la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El código será de adhesión voluntaria para la banca, que viene advertido desde hace días que estudiará caso a caso, con lo que es de prever que su creación no supondrá un reintegro inmediato y masivo del dinero. El antecedente más similar, el código que impulsó el Ejecutivo en materia de vivienda, ha permitido reducir los deshaucios pero no los ha hecho desaparecer del todo.

"Será de adhesión voluntaria para las entidades financieras. Pero una vez que lo suscriban, su cumplimiento será obligatorio. Abordará solo el conflicto de las cláusulas suelo. El Gobierno aprobará previsiblemente la próxima semana un real decreto ley que llevará como anexo el propio Código. El objetivo es establecer un sistema más rápido que el judicial y reducir el coste para los clientes", apuntaron fuentes del Ministerio de Economía. 

El ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo, ha vuelto a dejar claro que el Gobierno no quiere apoyar la iniciativa del PSOE de crear un mecanismo extrajudicial de resolución, también voluntario para la banca, que facilite que los bancos devuelvan el dinero sin que los en torno a dos millones de afectados tengan que acudir a la justicia.

"Se trata de una relación privada, personal, entros los bancos y sus clientes", ha justificado. "Lo que el Gobierno quiere hacer, para dar seguridad, claridad y certidumbre, es ayudar a resolver estos temas y que se haga de una manera rápida", ha argumentado.

El problema de fondo es que no está claro cómo se aplicará la sentencia europea, ya que lo deja en manos de las autoridades españolas. La sentencia del Tribunal Supremo de mayo del 2013 que desencadenó el proceso solo considera ilíticas las cláusulas suelo que fueron incluídas en las hipotecas de forma poco transparente, sin que el cliente fuera consciente de que la contrataba, o que eran abusivas, y algunas entidades siguen defendiendo que las suyas eras legales, lo que podría obligar a miles de clientes a pleitar para conseguir retirarlas y recuperar lo que pagaron de más.

PRIMERAS SENTENCIAS

Algunos juzgados, en cualquier caso, ya han empezado a aplicar la sentencia europea. Según ha explicado Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere que el código de buenas prácticas esté aprobado el 30 de diciembre, de forma "rápida" pese a que es un "asunto complicado". Con esta justificación, se ha negado a concretar ninguno de los aspectos que incluirá dicho código.

El Supremo llevará a un próximo pleno, previsiblemente en enero, la sentencia, informa Ángeles Vázquez. La Sala Primera del alto tribunal resolverá, en el sentido que marca el dictamen europeo (devolver todo lo cobrado de más desde la firma de la hipoteca, no desde mayo del 2013 como fijo el propio Supremo), la treintena de causas que tiene paralizadas desde el pasado mes de abril a la espera de que el tribunal europeo se pronunciara. Se limitará a resolver los casos que se le han planteado estableciendo que si una cláusula suelo concreta es ilegal se debe devolver en su totalidad sin limitación temporal las cantidades percibidas. De esta forma, quedará atrás la doctrina que él mismo había fijado en 2013. Al no ser las cláusulas suelo "intrínsecamente ilícitas", no se espera que el Supremo diga, porque no lo suele hacer en ningún caso, cómo deben proceder los bancos a realizar estas devoluciones más que en los casos concretos que estudie.

En cualquier caso, desde el Ministerio de Justicia se ha adelantado que si no existe disposición a llegar a acuerdos extrajudiciales por parte de las entidades bancarias y los perjudicados por las cláusulas suelo tienen que acudir a los tribunales para reclamar las cantidades que consideran que no deberían haber pagado, se reforzarán los juzgados que deban ocuparse del asunto. El reintegro de todo lo cobrado de más supondrá a la banca una factura de unos 4.200 millones de euros, según cálculos del Banco de España, lo que equivale a un 25% del resultado operativo del sector y podría colocar en una situación muy comprometida a muchas entidades, particularmente a las más pequeñas.