La reforma pendiente de las ITV bloquea inversiones millonarias

La regulación de la inspección técnica de vehículos (ITV) se ha convertido en una asignatura pendiente casi crónica. Numerosos gobiernos autonómicos y ahora el estatal se han propuesto reformar un mercado que tradicionalmente ha funcionado en España mediante un régimen de concesiones administrativas. Desde hace más de un año, el Ministerio de Industria ha puesto en marcha los engranajes para modificar la regulación de las estaciones de ITV para acercarla a las exigencias europeas de una mayor liberalización. Sin embargo, el proyecto avanza con mucha lentitud y ha provocado un parón de las inversiones en el sector a la espera de que se despejen las reglas de juego en el futuro.

Uno de los casos más flagrantes de la paralización de inversiones millonarias es el de la empresa Dekra, el líder alemán de las ITV y de la certificación industrial, que se animó a probar suerte al rebufo de una incipiente apertura del mercado en la comunidad autónoma de Madrid a finales de la década pasada.

Pero el tiro le salió por la culata al sufrir en el último minuto el bloqueo administrativo de cuatro puntos de ITV ya acabados y que ahora acumulan polvo a la espera de un cambio normativo.

Inversión de nueve millones

La jugada ha tenido un coste para Dekra de nueve millones de euros invertidos en las cuatro ITV que ahora pierden valor y se van convirtiendo a medida que pasa el tiempo en un pasivo.

«No entendemos que la Comunidad de Madrid puede alegar que incumplimos el régimen de incompatibilidades cuando Dekra es un grupo que hace 23 millones de inspecciones de vehículos en Alemania y otros países», asegura Yvonne Rauch, directora de la firma en España.

A pesar de haberse pillado los dedos con esa inversión, el grupo alemán ha puesto en marcha un ambicioso plan para incrementar la facturación en España desde los 20 millones anuales de ahora a 50 o 60 en cinco años.

Para ello, la empresa integrará sus filiales en España en un hólding con el fin de mejorar su eficiencia y tiene la vista puesta en compras de compañías de ITV y de certificación industrial y de seguridad para conseguir ese salto en sus ingresos.

Pero las calabazas que le ha dado por ahora el presidente madrileño, Ignacio González, pueden poner en peligro esos planes. «Podemos esperar un tiempo -indica Rauch- para que se desbloquee la situación, pero si no es así tendremos que tomar una decisión sobre las cuatro ITV y, si no podemos crecer en España, el país ya no estará en el foco desde la sede central de Dekra en Alemania».

La nueva regulación de un sector que factura unos 650 millones de euros al año ha suscitado una verdadera guerra entre las empresas que ya se dedican a la revisión de vehículos y las que quieren entrar en el mismo. Los dos bandos tienen argumentos para defender sus posiciones frente al Gobierno. Las empresas que controlan las 415 ITV que hay en España, conjuntamente con los talleres de reparación y los vendedores de recambios, han alertado de el decreto del Gobierno «permitiría la irrupción de nuevos operadores con intereses en el sector de la automoción y el transporte en la actividad de control técnico de vehículos, poniendo así en riesgo sus valores más importantes: independencia, imparcialidad y objetividad».

Mercado rentable

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha advertido que la regulación española tiene todavía excesiva dependencia en algunas comunidades autónomas del régimen de concesión administrativa, ya sea al 100% o con algunos matices.

Al abrir el mercado aunque con algunas restricciones, Madrid pasó de 17 ITV a 56, lo que, según la CNMC, muestra el interés empresarial. «La entrada en funcionamiento de nuevas estaciones, incluso en un contexto de crisis económica y fuertes restricciones a la actividad, evidencia que se trata de un mercado, a priori, considerablemente rentable», indica el organismo en un reciente estudio sobre el sector.

El modelo de máxima liberalización del mercado de las ITV permitiría a los automovilistas, según la propuesta de los concesionarios, obtener el sello oficial en el mismo taller donde repara o revisa su vehículo gracias a una línea específica gestionada por técnicos externos.