El PP quiere regular el trabajo de los militares en la administración

El Partido Popular (PP) ha presentado una enmienda al proyecto de ley de racionalización del sector público para regular el trabajo de los militares de carrera en la administración civil que ha provocado un rotundo rechazo por parte de los sindicatos, que lo interpretan como un cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público que se hace sin diálogo social.

La enmienda del PP señala que el personal militar podrá prestar servicios en cualquier administración "en aquellos puestos de trabajo en los que se especifique esta posibilidad". Aunque no cita qué tipo de empleos, algunas fuentes indican que pudieran tener relación con temas de seguridad o tecnológicos y en sitios como puertos o aeropuertos.

Estos trabajos se adjudicarán "de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos".

Sin promoción ni movilidad

Mientras dure el trabajo en la administración civil a estos militares no se les aplicará la promoción interna ni la movilidad. En materia de jornada, horario, vacaciones y régimen disciplinario se les aplicará la misma normativa que a los funcionarios civiles, aunque la sanción de separación del servicio solo la podrá imponer el Ministerio de Defensa.

Eugenia Romero, diputada del PP en la comisión que estudia este proyecto de ley, asegura que lo único que pretende la enmienda es "sacar del limbo jurídico" a los militares que ya están cumpliendo esta función y que no tienen unas reglas claras sobre sus condiciones de trabajo. Para acceder a estos puestos se requiere tener 20 años de carrera militar y estar autorizados por el secretario de Estado de Defensa.

"Se trata de puestos específicos que requieren un perfil determinado", explica Romero, para quien en ningún caso se trata de que los militares ocupen puestos que desempeñan los civiles.

Negociación

En todo caso, hasta la semana que viene no se sabrá si la propuesta se convierte en norma mediante una nueva disposición adicional del estatuto del empleado público. El tema será materia de negociación entre los grupos parlamentarios en el debate que el martes próximo mantendrá la comisión de hacienda y administraciones públicas del Congreso de los Diputados sobre uno de los proyectos que pretende cambiar el funcionamiento de la administración.

Todos los sindicatos advirtieron contra este portillo que permite al Gobierno cubrir, discrecionalmente, con militares puestos destinados a funcionarios. O en el mejor de los casos, dar una solución a militares ya retirados o en expectativa de destino con los que no sabe qué hacer.

Tanto CSIF como UGT y CCOO pidieron al Gobierno que abra el diálogo social y afronte la reforma de la administración en una negociación con las partes implicadas.