Quien gaste, que recaude

La ilusión fiscal es la percepción errónea de que se reciben unos servicios públicos sin que se sepa cómo se pagan. Se sabe que se financia con impuestos, pero no quién los ha recaudado. La superposición de las administraciones central y la autonómica ha propiciado esta confusión. Pero en tiempos de contracción del gasto esa confusión agrava los enfrentamientos.

En este marco el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica y el Creixement (CAREC), que preside Salvador Alemany, ha difundido una nota sobre la competencia fiscal en un Estado descentralizado. El término competencia tiene dos acepciones: la titularidad de un servicio que se presta a los ciudadanos en su comunidad; o la pugna entre comunidades ofreciendo ventajas fiscales o prestar servicios gratuitos que en otras partes son de pago o copago.

En el primer aspecto, el CAREC es muy claro: quien es titular de un servicio ha de hacerse responsable «en un nivel proporcional sobre los ingresos». ¿En que grado? Según el CAREC, la coherencia con la descentralización exige «una hacienda propia catalana», con facultades inspectoras, lo que permitiría a las autonomías «participar en el proceso de control tributario desarrollado por el Estado, velando por sus legítimos intereses». Sería lo más parecido a una cosoberanía fiscal.

La otra propuesta del CAREC deriva de una constatación del mapa fiscal actual en España, en el que la competencia fiscal entre autonomías -ofrecer ventajas fiscales, como sucede cuando compiten países- da lugar a una «movilidad de bases impositivas». Traducción: cambio de residencia de particulares y empresas, dentro del territorio español para pagar menos impuestos. Un tema especialmente sensible en Catalunya, donde la mayor presión fiscal ha dado lugar a pérdidas de inversiones o renuncia de profesionales de alto nivel a residir en Catalunya por el elevado IRPF.

La propuesta del CAREC, a poco que se saque de contexto, suscitará polémica: que las autonomías que son receptoras netas de transferencias del Estado, tengan limitado el recurso a la competencia con bonificación tributaria.

Para el catedrático de la UPF y miembro del CAREC, Guillem López-Casasnovas, hay un sustrato teórico: «Mientras no se tenga una hacienda propia, parece legítimo que se cuestione el grado de nivelación horizontal (el Estado quita de una comunidad para dárselo a otra). Si se hablara de nivelación vertical (el Estado redistribuye a partir de sus propios recursos), nada que decir». Esto último es lo que argumentan quienes creen que todos los recursos son del Estado y que las autonomías no cuentan.