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denuncia del cic

Petición formal de apertura de juicio contra Narcís Serra por los sobresueldos de Catalunya Caixa

La denuncia destaca que junto a 40 exdirectivos se subieron retribuciones y planes de pensiones mientras se recortaban 1.630 empleos y se cerraban 395 oficinas

Petición formal de apertura de juicio contra Narcís Serra por los sobresueldos de Catalunya Caixa

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El expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó, en una imagen de febrero del 2009.

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Lunes, 27 de febrero del 2017 - 15:47 CET

NARCÍS SERRA Presidente de CatalunyaCaixa entre el 2005 y el 2010.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha solicitado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Catalunya Caixa y exministro Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó, a los que acusa de administración desleal por los sobresueldos que cobraron a partir del 2010. En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, la CIC solicita seis años de prisión para Todó, al que atribuye también un delito de apropiación indebida, y cuatro años para Serra; al exdirector general le pide que abone 112.015 euros en concepto de responsabilidad civil y otros 696.548 euros de las retribuciones irregularmente recibidas.

Serra, Todó y otros 40 exdirectivos de la entidad también acusados deberían abonar de forma solidaria 5,12 millones de euros en concepto de indemnización a la caja por las aportaciones realizadas a planes de pensiones, así como el pago de una fianza de 5,9 millones de euros. El escrito aclara que se trata de investigar las decisiones de los consejos de administración y en especial dos acuerdos de Caixa Catalunya del 19 de enero y de Catalunya Caixa del 13 de octubre del 2010, en los que se aprobaron sendos incrementos de salario del Comité de Dirección y de Adolf Todó.

Esto, sumado a los incrementos en su retribución variable "perjudicaron enormemente a la entidad", que tuvo que llevar a cabo un expediente de regulación de empleo que provocó la eliminación de 1.630 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas. Posteriormente, entre 2013 y 2014 se cerraron "prácticamente todas las oficinas de fuera de Catalunya" y se despidió a 2.153 trabajadores en aplicación de un nuevo ERE.

La causa parte de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación, en enero y octubre de 2010, de sendas resoluciones para aumentar el salario de sus directivos, pese a que la entidad se encontraba en una situación crítica que le obligó a pedir 1.250 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La denuncia se dirigía inicialmente contra 54 miembros del Consejo de Administración de Catalunya Caixa, pero el juez la archivó contra una docena de ellos tras comprobar que no apoyaron las retribuciones de la cúpula directiva en las votaciones internas.

Entre las diligencias previstas por la CIC figura la declaración como testigos de Jaume Massana, exdirector general adjunto de Caixa Catalunya y también beneficiado, así como de Gaieta Jove Galcerán, consejero general en la entidad y representante de los trabajadores por el sindicato CIC. También solicita que declare como testigo Jordi Camps i Punter, que hasta 2012 fue secretario general de CIC en Catalunya Caixa.

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