Un paso adelante

A los alcaldes les espera una acción de gobierno nada fácil tras las elecciones. Tendrán que reconstruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones, redefinir el papel del gobierno local y , por último, rehacer la función productiva de sus ciudade

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El mapa territorial español ha cambiado mucho desde la transición, sin embargo, la posición relativa de los gobiernos locales se ha mantenido bastante estable tanto con respecto a funciones como financiación. El peso de las administraciones locales en la estructura del gasto público se ha mantenido en torno al 13% en los últimos 35 años. La descentralización del gasto público en España se ha concentrado en las comunidades autónomas que se han situado en torno al 35% del gasto público.

Esta estabilidad básica, competencial y económica, no ha sido incompatible con una intensa y agitada historia política y de gestión. En un mismo marco formal los gobiernos locales han modificado sustancialmente sus prioridades y su agenda de gobierno. Desde las primeras elecciones democráticas de 1979, es posible identificar diferentes etapas de la acción de gobierno de los ayuntamientos marcadas por diferentes prioridades políticas y sociales.

En un primer momento, activar el propio gobierno democrático y garantizar los servicios urbanos básicos con un nivel deseable de calidad para todo el territorio, fueron las primeras urgencias. Gestión de la movilidad, de los residuos, de la seguridad urbana, del ciclo del agua, entre otros, fueron focos prioritarios de atención. Una vez esto asegurado, se inició una segunda etapa, la más larga y la que ha provocado la mayor transformación: la construcción de ciudad. Urbanismo y equipamientos han sido el centro de la atención municipal con un resultado espectacular en la mejora de la calidad de las estructuras, las tramas y la infraestructura urbana de prácticamente la totalidad de las ciudades y pueblos de Catalunya y también del resto de España. En un tercer momento, solapándose con las anteriores actividades, se inició un esfuerzo considerable, poco apoyado económicamente por el sistema de financiación pública, centrado en mejorar la atención y el bienestar de las personas, desarrollándose una trama de servicios locales, compartidos con el tejido asociativo y fundacional, que han constituido una aportación relevante del gobierno local en la construcción del Estado del bienestar y la cohesión social. Finalmente, y de forma más irregular según los momentos del ciclo económico, los gobiernos locales se han implicado en el desarrollo económico y en la creación de empleo.

Estas diferentes etapas y prioridades han sido acumulativas. Las más recientes no han sustituido las anteriores sino que se han construido preservándolas y consolidando y ampliando las aportaciones realizadas. De hecho, se puede visualizar esta historia como un proceso progresivo de aprendizaje, maduración y crecimiento de nuestra gobernanza local.

Esta es una historia, y no hay que olvidarlo, corta e incipiente. 35 años no son muchos, ni siquiera en lo personal, a estas alturas. Y son más bien muy pocos años en la historia de un sistema político, social e institucional que, además, tiene detrás una tradición muy poco útil, por no decir aún entorpecedora, sobre la que construir democracia, modernidad y bienestar.

Las próximas elecciones de mayo abrirán una nueva etapa de esta biografía institucional. Una etapa que construirá sobre el anterior. Esta vez con algunos elementos de cambio de ciclo largo. Las opiniones sobre el agotamiento de lo que ya se denomina primera transición son abundantes y afloran y crecen propuestas políticas que proponen una refundación política y social en un entorno muy crítico en la vertiente económica y con un nivel creciente de desigualdad que atenta directamente contra la cohesión y el bienestar social.

Por tanto, un buen conjunto de retos que construyen una agenda para la acción de gobierno nada fácil en la que, entre otras cosas, seguramente deberá contemplar algunos de los temas que se apuntan a continuación.

En primer lugar, y casi como condición necesaria y básica, es urgente empezar a reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y, aunque no son las más tocadas por esta crisis de confianza en el sistema institucional y económico, en los gobiernos locales. A los alcaldes y concejales les espera una dura y gravosa tarea para recuperar la confianza en la gobernanza y en el liderazgo público en el nivel local y en el conjunto del sistema.

En segundo lugar, se deberá aclarar cuál es la perspectiva de futuro del papel de los gobiernos locales. La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL) aprobada recientemente por el Gobierno de España, promueve una visión de los gobierno locales cercana a un sistema de sucursales de una empresa de servicios bien alejada del concepto de gobierno y gobernanza. El despliegue de la LRSAL no parece que pueda tener mucho recorrido por este camino, pero la batalla para preservar el carácter de los ayuntamientos de gobierno elegido directamente por la ciudadanía y todo lo que esto significa no será fácil de ganar y será necesario forzar la revisión del actual marco legislativo hacia un modelo donde la función de gobierno sea la que defina los ayuntamientos.

Inclusión laboral

En tercer lugar, y si se logra avanzar en estas dos condiciones previas, los gobierno locales tendrán que encontrar la manera de acompañar la reacción de sus comunidades para rehacer la función productiva de las ciudades y pueblos con el objetivo de que puedan recuperar su capacidad de inclusión en el sistema productivo de jóvenes, por una parte y por otra parte, de los muchos mayores, desde los 45 años, expulsados por la crisis del sistema productivo y con serias dificultades para reincorporarse .

Abordar esta tarea titánica requerirá equipos políticos y de gestión bien alejados de las prácticas de gestión del poder desde la distancia y la prepotencia. La proximidad, la gestión relacional, el trabajo a pie de calle, la potenciación de la cooperación intermunicipal, interadministrativa e implicada con todos los agentes activos en los municipios, tanto públicos como sociales y privados, deberá sustituir la simple gestión presupuestaria como herramienta única de hacer política. Una nueva etapa de aprendizaje que debería ser un paso adelante tras los demasiados pasos atrás que se han dado en los últimos años.