La PAH alerta de una nueva burbuja y más desahucios si se vende edificios a fondos buitre

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha alertado este lunes de que la venta de edificios a fondos buitre, que los convierten en productos financieros con el alquiler como base, se traducirá en una nueva burbuja que provocará más desahucios. "Están sentando las bases de una nueva burbuja y una nueva oleada de desahucios", ha subrayado Colau en su intervención en la comisión de investigación del Parlament sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las entidades financieras.

Según Colau, esta burbuja del alquiler explotaría en el momento en el que los inquilinos no pudieran pagar las cuotas, lo que impulsaría a los fondos a desahuciar de forma "masiva".

En su intervención ante los grupos parlamentarios, Colau ha exigido un cambio de orientación en las políticas de entidades nacionalizadas y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria --la Sareb, también conocida como ‘banco malo’, que aglutina los activos inmobiliarios de los bancos con ayudas--, para que den prioridad a medidas sociales en vez de dejarse "seducir" por los fondos buitre.

La portavoz de la PAH también ha pedido al Parlament que "inste a la Generalitat a que se persone como acusación contra las malas praxis de las entidades hipotecarias". Colau ha incidido en que la Generalitat se presenta como acusación en manifestaciones "con pequeños disturbios, y no cuando las entidades financieras han hundido la vida de miles de personas en Catalunya".

Ha pedido a las administraciones públicas y al Parlament que actúen más allá de discursos, con compromisos y acciones concretas, como que se decrete en Catalunya una moratoria de la ejecución de desahucios hasta que no se garantice el realojo adecuado, como Bruselas ha obligado en un bloque ocupado en Salt.

DEFENDER DERECHOS

En un tono parecido, Jofre Farrés, portavoz de Adicae, ha pedido a la comisión parlamentaria que las conclusiones que se extraigan de ese órgano parlamentario sirvan para defender mejor los derechos de los consumidores, que se encuentran en una posición minoritaria frente a la banca en los órganos reguladores.

En este sentido, Farrés ha defendido un sistema de control con dos organismos diferenciados: uno para controlar la solvencia del sistema financiero y otro para supervisar las relaciones entre los consumidores y las instituciones financieras. "Al actual regulador tan solo le interesa la solvencia de los bancos y no lo que ocurre con los consumidores", ha manifestado ante la comisión.

Asimismo, ha destacado que pese a todo lo que ha ocurrido con el sistema financiero, "no hemos parendido la lección. Y puede que tampoco lo hayan hecho los consumidores", que en su oponión no ha constituido entidades suficientemente fuertes como para resultar un contrapeso para el sector financiero.

Por su parte, la presidenta de la Organizació de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), Anna Tardà, ha pedido a los diputados de la comisión de investigación que hagan una resolución "global" sobre lo que ha pasado en el mundo de las cajas y el sistema financiero español, puesto que ha sido el sistema y su funcionamiento lo que ha fallado en su globalidad. Asimismo, ha pedido que la comisión se fije una fecha para concluir sus trabajos y dar a conocer sus conclusiones. 

La presidente de la OCUC ha explicado que la experiencia de los casos que ha arbitrado su organización han demostrado que las personas que suscribieron productos híbridos lo hicieron sin conocimiento de lo que estaban firmando. Por esa razón, ha considerado, que las preferentes y subordinadas deberían de haberse anulado y devolver el dinero a quienes las sucribieron. Tardà, no obstante, ha destacado la falta de medios con que han contado las asociaciones de consumidores para defender los derechos de los ciudadanos. "Nos hemos visto indefensos por nuestra propia situación", ha destacado.