POBREZA ENERGÉTICA
Los partidos apoyan que las eléctricas sigan pagando el bono social
El ministro Nadal asegura que hay un "unanimidad" de los grupos parlamentarios
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha trasladado este jueves a los grupos parlamentarios su plan de extender al conjunto de las comercializadoras de electricidad la obligación de financiar el bono social, adelantado por este diario. Tras el encuentro, ha asegurado que los partidos han expresado "unanimidad" y "consenso total" en apoyo a su propuesta.
El Tribunal Supremo dictaminó hace un mes que el actual sistema de financiación del bono social es discriminatorio porque obliga a pagar la ayuda solo a parte de las comercializadoras (las más grandes y con mayor cuota de mercado). Para salvar este escollo, el ministro quiere incluir al resto de empresas, que tienen una participación en el mercado de en torno al 6%.
Nadal se ha comprometido con los grupos a trasladarles un borrador de real decreto cuanto antes para poder aprobar el cambio legal "en semanas", y en cualquier caso antes de que acabe el año. Posteriormente, el ministro tiene la intención de seguir reuniéndose con los partidos para pactar cambios en dos líneas de trabajo: mejorar el bono social y aumentar la protección a las personas que no pueden pagar la luz.
CAMBIOS FUTUROS
En cuanto a la mejora del bono social, ha apuntado que se estudiará cambiar los requisitos para ser beneficiario. Actualmente la ayuda (rebaja del 25% en la factura) beneficia a hogares con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensionistas con la prestación mínima y viviendas con potencia contratada inferior a tres kilovatios. "No están muy lejos las posiciones", ha asegurado antes de explicar que los nuevos criterios deberán tener "viabilidad técnica" y que habrá que pedir un informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Para las "decenas de miles" de casos de clientes en situación de pobreza energética "extremadamente vulnerables", ha continuado, también se estudiarán "mejoras" , que tendrán que ser respetuosas con las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de política social. El reciente caso de la anciana fallecida en Reus, ha destacado, "no se tenía que haber producido" según la ley catalana. "He hablado con todas las compañías eléctricas y lo saben", ha advertido.
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