ESCÁNDALOS FINANCIEROS

Los procesos en marcha contra los banqueros

Adolf Todó.

Adolf Todó.

PABLO ALLENDESALAZAR / MADRID

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BANKIA

La debacle del banco del PP 

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investiga desde el año 2012 a 34 exconsejeros y directivos de Bankia y Caja Madrid por el falseamiento de cuentas y la salida a bolsa de la entidad y, como piezas separadas, por las tarjetas opacas para gastos privados de los administradores y la emisión de las participaciones preferentes.

La investigación sobre la debacle de la entidad –fruto de la fusión de Caja Madrid y Bancaja (entidades semipúblicas controladas por el PP) y siete pequeñas cajas– es la más amplía y compleja de las causas abiertas por la debacle financiera, con un sumario que suma más de 250.000 páginas.  Las partes consideran difícil, aunque no imposible, que el juez cierre la instrucción antes de que acabe el año. El juicio, con todo, se retrasaría probablemente al 2016 por lo menos. El último hito ha sido el informe de los peritos del Banco de España que apunta que las cuentas de la entidad estaban falseadas antes, durante y después de la salida a bolsa. Ahora es turno para las alegaciones y contrapericiales de las partes. Entre otros, están imputados Rodrigo Rato (exvicepresidente del Gobierno), Miguel Blesa (expresidente de Caja Madrid) y José Luis Olivas (expresidente de la Comunidad Valenciana).

CATALUNYA CAIXA

El agujero que precisó más ayudas

El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona cerró a finales de diciembre su investigación sobre los sobresueldos que se fijaron en el 2010 los exaltos cargos de la entidad, controlada por el PSC y la que más ayudas públicas de capital ha necesitado en relación a su tamaño. Los expresidentes Narcís Serra (exvicepresidente del Gobierno) y Adolf Todó y otros 40 consejeros están más cerca del juicio oral, acusados de un delito de administración desleal.

Además, el fiscal de Barcelona Fernando Maldonado ha abierto una investigación para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por Catalunya Caixa en 16 operaciones que provocaron a la entidad un perjuicio económico de 900 millones de euros. La denuncia partió del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, que también ha enviado a la Fiscalía una cartera sospechosa de hipotecas minoristas concedidas entre el 2004 y el 2008, además de analizar otras operaciones. También va a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia que condena al banco a pagar 1,2 millones de euros a Todó y al consejero delegado Jaume Masana por despedirles de forma improcedente en el 2013 a instancias del FROB.

CAM

La caja que era "lo peor de lo peor"

Esta semana comenzó en la Audiencia Nacional el primer juicio por la debacle y el saqueo de la CAM. El exdirector general Roberto López Abad y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés están acusados de montar una operativa fraudulenta para cobrar las dietas que la ley les prohibía percibir, además de por una refinanciación oculta de una ruinosa promoción inmobiliaria de Avilés. Podrían enfrentarse a penas de 14 y 16 años de prisión.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, además, tiene abierta una investigación por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas a varios exdirectivos por su gestión, que condujo a la quiebra de la entidad, definida como «lo peor de lo peor» por el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El magistrado llegó a detener de forma preventiva a cinco exdirectivos a finales del 2013. El FROB les acusó de «obtener un lucro personal» con cinco operaciones inmobiliarias realizadas por una participada de la caja. Como pieza separada, ha imputado al expresidente de  la CAM Modesto Crespo por el presunto cobro irregular de unas dietas de 300.000 euros en el año 2009 a través de otra participada. 

CAIXA PENEDÈS

La primera condena de la crisis

El único caso de exgestores de cajas que ya han llegado al banquillo y han sido condenados es el del expresidente de Caixa Penedès Ricard Pagès y los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago Abella y Joan Caellas. La Audiencia Nacional les condenó el pasado mayo a penas de prisión de entre uno y dos años por haber cobrado ilegalmente 28,6 millones de euros en indemnizaciones al dejar la caja.

En el último momento, los exgestores pactaron con las acusaciones particulares (BMN y la fundación de la caja) devolver el dinero cobrado a cambio de que rebajaran las penas que pedían para ellos. Después de que aceptasen su culpabilidad en la vista oral, el juez José María Vázquez Honrubia valoró este gesto «anómalo» en este tipo de delitos y les condenó a penas que evitaban su ingreso en prisión. El fiscal permaneció firme y mantuvo la petición de pena que les hubiera llevado a la cárcel.

NOVA CAIXA GALICIA

Escándalo de pensiones ocultas

En las próximas semanas, se espera que la Audiencia Nacional ponga fecha al juicio contra cinco exgestores de Nova Caixa Galicia (el expresidente Julio Fernández Gayoso y los exdirectivos José Luis Pego, Javier García Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada) y un abogado madrileño (Ricardo Pradas) por cobrar irregularmente 18,9 millones de euros en concepto de prejubilaciones al dejar la entidad, que había sido rescatada.

El juez de instrucción Ismael Moreno, que cerró su investigación en julio, pide para cada uno de ellos una pena de tres años de cárcel, además de que devuelvan el dinero. El FROB, por otra parte, ha enviado a la Fiscalía nueve operaciones sospechosas que provocaron a la entidad un perjuicio de 810 millones de euros. Y sigue investigando, con lo que la cifra podría aumentar.

CCM

La primera entidad caída

La Caja de Castilla–La Mancha (CCM) fue la primera en caer durante esta crisis, en el ya lejano 2009. Más de cinco años después, el juicio a sus principales responsables –el expresidente y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega– es inminente. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procedido a embargarles los bienes, después de que no abonaran la fianza de 138,2 millones de euros que les impuso (la indemnización que les exige la entidad, hoy integrada en Liberbank, el banco liderado por Cajastur).

El instructor les atribuye los delitos de administración desleal y falseamiento de las cuentas por operaciones de crédito irregulares y por anunciar un beneficio de 30 millones de euros, cuando en realidad el resultado declarado debía haber sido de unas pérdidas de 182 millones.

CAJA MADRID

La pesadilla de Miguel Blesa

Miguel Blesa –expresidente de Caja Madrid, aupado al cargo por su amistad con José María Aznar– fue el primer banquero encarcelado durante la crisis. El polémico juez Elpidio José Silva lo envió dos veces a prisión preventiva con poca en poco tiempo, aunque luego fue apartado del caso y, posteriormente, condenado a 17 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con otros dos contra las libertades individuales.

Silva investigaba un préstamo de 26,6 millones de euros del 2008 que Caja Madrid concedió al grupo en quiebra Marsans, propiedad de Gerardo Díaz Ferrán, consejero de la caja, además de la compra de un banco en Florida. El caso, eso sí, siguió adelante en la Audiencia de Madrid. La Fiscalía aseguró el pasado diciembre que la investigación debe continuar y ahora la Audiencia debe decidir si la archiva o no.

BANCO DE VALENCIA

Un juez en busca de perito

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga ocho querellas presentadas por el FROB por operaciones de créditos ruinosas, principalmente negocios inmobiliarios, en el Banco de Valencia. El pasado diciembre solicitó al Banco de España un perito, después de tratar durante un año varios estamentos públicos como la Agencia Tributaria declinaran prestarle un experto.

Entre los imputados están expresidente del banco José Luis Olivas, el exconsejero delegado Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo, el expresidente del Valencia C.F, Bautista Soler, varios integrantes de la familia Calabuig, y distintos empresarios de la construcción Otras entidades que han sido o están siendo investigadas por la justicia son Caja Burgos, Caja Segovia, Caja Navarra, Banca Cívica y Caja Duero–España, y no se descartan nuevo casos.