Los ayuntamientos de Barcelona y su área metropolitana deberán aprobar en los plenos de este otoño una subida media de las tarifas del agua de en torno al 30%. El incremento, que afectará a unos 4,5 millones de personas, se producirá después de que la compañía pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) decidiera en julio aumentar el 70% el precio del servicio a las suministradoras, muchas de ellas municipales.

Una gota de agua en un grifo.

A los consistorios, que ya mostraron su frontal rechazo a la subida, no les quedará más remedio que trasladar el mayor coste al precio que pagarán los usuarios. De no hacerlo así, "tendrán que asumirlo directamente en sus presupuestos", ya que son las titulares del servicio, afirman fuentes del sector. Las empresas suministradoras no están dispuestas a pagar un concepto que no se incorpore a la tarifa. Y, por su parte, las cuentas municipales no están para alegrías.

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