Las listas de Hacienda

Hacienda publicará a partir del cuarto trimestre, tras el verano, la lista con los contribuyentes con deudas y sanciones pendientes por más de un millón de euros a 31 de julio de este mismo año. Esta es una de las novedades de la reforma de la ley general tributaria, aprobada por el Consejo de Ministros, dos años después de anunciarla. Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, no se incluirá finalmente a las personas y sociedades con deudas aplazadas, suspendidas o fraccionadas, que responden a prácticas que son legales.

Los afectados tendrán un trámite de alegaciones con carácter previo a la publicación y podrán impugnar la decisión de Hacienda por la vía contencioso-administrativa. A partir del año que viene, la relación se publicará en el primer semestre con los datos a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

Pero además se tramitará un proyecto de ley complementario que permitirá la publicación parcial de  sentencias condenatorias firmes por delito fiscal, insolvencias punibles y contrabando. Lo que se podrá conocer serán «aquellos aspectos que son estrictamente necesarios para cumplir la finalidad buscada», que no es otra que ser ejemplarizante, según fuentes del fisco.

Estos cambios normativos modifican la regulación básica tributaria que prohíbe difundir cualquier dato de los contribuyentes. Pero esto no tiene nada que ver con las 31.484 personas que en el 2012 se acogieron a la amnistía fiscal  y que, según lo prometido por el Gobierno, saldaban toda deuda con Hacienda a cambio de un peaje del 10% sobre lo aflorado.  De estos se ha investigado a 300 que regularizaron cantidades elevadas, que no cuadran con lo que declaran en su renta y otras anomalías, según explicó en el Congreso el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.

Pero al margen de los fraudes fiscales, el fisco remitió la información de 705 «personas políticamente expuestas», que aprovecharon la medida de gracia temporal del Gobierno y entre las que está el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, a la comisión contra el blaqueo de capitales, el Sepblac. En estos casos, al margen de irreuglaridades tributarias se detectaron indicios de posibles delitos de blanqueo, una calificación mucho más grave que la de fraude fiscal. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que  la ley le impedía facilitar detalles de este colectivo.

En cambio, atribuyó los problemas de Rato a la obligación que se impuso en el 2013, tras la amnistía fiscal, de presentar una declaración informativa de los bienes y activos que se poseen en el exterior (impreso 720). Esa fuente de información ha hecho aparecer a más de 130.000 declarantes y bienes en el exterior con un valor de de 88.865 millones. Hacienda ha requerido este año a más de 7.000 contribuyentes que no presentaron esta declaración y que, según  los datos obtenidos de la amnistía y otros, deberían haberlo hecho.

La reforma aprobada por el Gobierno amplía las potestades de comprobación e investigación y regula el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos. Se fija un plazo de 10 años para poder comprobar. También  se fijan nuevos plazos para el procedimiento de inspección y se simplifica el cómputo del plazo, extendiendo el actual, 12 meses, prorrogable por otros 12; a 18 meses.