CAMBIOS EN LA MOVILIDAD
Un juez desestima el cierre cautelar de Cabify que pedían los taxistas
La 'app' de coches con chófer seguirá activa a pesar del precedente del varapalo a Uber
Antoni Fuentes
Periodista
ANTONI FUENTES / BARCELONA
La lucha de los taxistas taxistas y empresas de movilidad contra las nuevas aplicaciones para móviles que ofrecen servicios de traslados ha sufrido un revés. El titular del juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid ha desestimado la medida cautelar que solicitaba la Federación Profesional del Taxi de Madrid de cerrar la app Cabify, que ofrece alquiler de vehículos con conductor.
La jueza permite así que la empresa Maxi Mobility Spain pueda seguir operando, casi un año después de que en diciembre del 2014 el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid dictara el cese de la actividad de UberUber en España. Además, en la actualidad está pendiente de que este mismo Juzgado número 2 se pronuncie sobre la solicitud de cierre de Blablacar que ha pedido, también como medida cautelar, Confebús, la patronal del transporte de viajeros en autobús.
UBER REORIENTA SU NEGOCIO
El auto considera que la actividad que ha llevado a cabo Cabify en los últimos años constituye "una situación de hecho prolongada en el tiempo", a diferencia de otras aplicaciones que sí fueron denunciadas con anterioridad, en una referencia a Uber. Esta empresa se ha visto obligada a reorientar su negocio en España y otros países ante las protestas de los taxistas y el freno por parte de las administraciones y de la justicia al considerar su actividad de concertar traslados entre particulares a través del teléfono móvil como una competencia desleal a los taxistas.
A pesar de todo ello, la jueza no entra a valorar a fondo el asunto objeto de la demanda de la Federación del Taxi, que está pendiente de celebración de juicio y de sentencia. La organización de taxistas demandó a la aplicación de alquiler de coches con chófer al considerar que realiza su labor "sin cumplir los requisitos que exige la normativa aplicable".
La empresa que explota la aplicación, representada por el bufete de abogados Osborne Clarke, sostiene que "la autoridad de transporte competente nunca ha apreciado infracción alguna" en su actividad, por lo que considera que los taxistas han "pretendido reconducir a la vía civil lo que no han conseguido por la vía administrativa".
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