Imputados los máximos cargos de Spanair por apropiación

El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha citado a declarar en calidad deimputados a los10 miembros del antiguo consejo de administración de la compañíaSpanair, en la actualidad en concurso de acreedores, a raíz de una querella presentada por casi 300 pilotos y copilotos de la línea aérea por presunta apropiación indebida de un seguro profesional. Entre las personas que deberán comparecer ante el juez el próximo 30 de octubre y los días 5 y 7 de noviembre están el que fuera presidente de la aerolínea, Ferran Soriano, ahora director general del Machester City, así como Josep Mateu Negre, director general del RACC; Jordi Rafael Bagó, del Grupo Shers; el hotelero Joan Gaspart, Agustín Cordón, director general de Fira de Barcelona y Manuel Albanell, representante de Catalana d'Iniciatives.

La investigación se centra en el acuerdo entre Spanair y sus pilotos y copilotos para beneficiarse de un seguro profesional. A pesar de que en la querella se incluye otro de carácter médico, el juzgado ha acordado solo iniciar las pesquisas por el profesional cubría el riesgo de pérdida de la licencia de los pilotos.

El seguro profesional

El seguro profesional fue acordado el 26 de agosto del 2000. Spanair se hacía cargo de parte de la póliza y retenía a los pilotos un 30% de la misma de su nómina para pagar una parte y la empresa se hacía cargo del 70% como complemento salarial. Según los querellantes, la aerolínea dejó de pagar este seguro entre el 1 de julio del 2011 y diciembre del mismo año, a pesar de que a los empleados les continuaron reteniendo su porcentaje. Es decir, 43.139 euros al mes, o un total de 258.837 euros. La querella añade otros 359.848 euros de un seguro médico que, por ahora, no será investigado.

Ánimo de lucro

La acusación sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida. El Código Penal castiga a los que en perjuicio de otro "se apropiasen o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración". Los querellantes estiman que existe ánimo de lucro por parte de Spanair, al haberse beneficiado de las retenciones a sus empleados. Recalcan que deben aplicarse una serie de agravantes, como el abuso de las relaciones entre víctima y defraudador y el valor de lo apropiado, con lo que la pena a imponer sería de cuatro a ocho años de cárcel.