MINERÍA EN EL BAGES

Iberpotash reactiva las inversiones gracias al plan urbanístico

EL PERIÓDICO
BARCELONA

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La Comisión de Política Territorial y de Urbanismo de Catalunya aprobó ayer iniciar la redacción del plan director urbanístico (PDU) de la actividad minera en el Bages, que fijará un calendario para eliminar los depósitos salinos de Sallent y Súria generados por las explotaciones. La empresa ICL ve el plan como una «oportunidad económica» al dar seguridad a una inversión planificada por Ibertpotash de 450 millones que puede atraer la implantación de nuevos proyectos.

El conseller de Territori, Santi Vila, explicó que el PDU pretende «hacer compatible la actividad minera con el impacto razonable sobre el núcleo urbano» de Súria, y establecerá calendarios de actuaciones y de inversiones.

El director general de Ordenació del Territori, Agustí Serra, indicó que la empresa israelí ICL, propietaria de Iberpotash, está desarrollando el Plan Phoenix: la primera fase actualmente en curso, con una inversión de 170 millones, se ha regulado a través de diferentes modificaciones de los planes directores actuales, pero la segunda fase, para la que prevé una inversión de 280 millones hasta el 2018, es necesaria la redacción de un nuevo PDU.

La empresa tiene dos depósitos salinos activos: el del Cogulló en Sallent y el de Fusteret en Súria; además hay dos depósitos

inactivos, el de Vilafruns en Balsareny, ya restaurado, y el de la Botjosa, en Sallent.

El secretario del consejo de administración, Joan Güell, destacó que el PDU establece el marco jurídico necesario para seguir adelante con las inversiones de Iberpotash y permitirá que la empresa Akzo Nobel se instale en el 2016 y compre los residuos salinos para transformarlos en sal vacuum de elevada pureza, que después comercializará, y evitar que se depositen en la montaña. Además, el plan abre la puerta a nuevas inversiones, como la instalación de una empresa del sector químico en el Bages que podrá aprovechar la sal acumulada y acelerar el plan de eliminación del Cogulló propuesto por la firma, en un máximo de 50 años, tras una sentencia judicial.