Iberdrola demanda a Bankia por la salida a bolsa

Nuevo frente para Bankia. Iberdrola ha demandado al banco nacionalizado por su salida a bolsa en el 2011, operación en la que invirtió cerca de 70 millones de euros a petición, como otras grandes empresas, de la entonces vicepresidenta económica, Elena Salgado. La eléctrica ha pedido que la entidad nacionalizada le resarza por las pérdidas que sufrió, ha adelantado El Confidencial.

La compañía vendió sus acciones del banco entre agosto y diciembre del 2011 debido a la caída de su cotización (más de un 40%), lo que le provocó unas minusvalías de 12,36 millones. El grupo reclama esa cantidad y además los 52.473,87 euros correspondientes a las comisiones, gastos y cánones pagados por las acciones, así como el importe total de los intereses devengados. También pretende que Bankia abone los costes procesales.

Fuentes de Iberdrola han explicado que tomó la decisión de participar en la salida a bolsa "tras analizar la única documentación dispuesta por Bankia", el folleto de la operación registrado en la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV), y "que la reformulación de las cuentas en mayo de 2012 reflejó una situación de la entidad bien distinta" a la que aparecía en dicho documento. La eléctrica argumenta que se hizo una "representación errónea de la situación económica y financiera de Bankia y, en consecuencia, de los riesgos de su inversión y de sus previsiones de rentabilidad".

FUTURO INCIERTO

La base de la demanda son dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, que señalaron que "los adquirentes de las acciones se hicieron una representación equivocada de la situación patrimonial y financiera, y de la capacidad de obtención de beneficios de Bankia". Sin embargo, también apuntaron que era "la cualidad de pequeños inversores" que tenían los demandantes la que hacía "que este error deba considerarse excusable, pues, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros inversores más cualificados, carecen de otros medios de obtener información".

Es por ello que en el banco, donde ha sorprendido la iniciativa de Iberdrola, se estima que la demanda tiene pocos visos de prosperar. Es clave para Bankia, ya que en la salida a bolsa participaron 16.238 inversores no minoristas, a los que podría abrirse ahora la puerta de acudir a los tribunales para recuperar su dinero.

PUESTA ABIERTA

Las sentencias del alto tribunal, así, marcaron una diferencia entre el engaño que sufrieron los pequeños ahorradores y la situación de los grandes inversores, como también ha venido haciendo la Audiencia Nacional. El éxito de la demanda de Iberdrola, por tanto, no está garantizado (Bankia era su segundo accionista y se sentaba en su consejo, lo que puede ser entendido como otro medio de obtener información), al contrario de lo que ha venido pasando con las de los particulares, a los que los tribunales les han venido dando la razón en más de un 90% de los casos. En cualquier caso, el paso adelante de la eléctrica abre la puerta a que otras compañías que acudieron a la salida a bolsa sigan sus pasos. Algunas como Sabadell, Mapfre o el Grupo Villar Mir han afirmado en el pasado que se lo estaban pensando. 

 Además de la mayoría de los grandes bancos españoles (solo BBVA se negó) y alguno extranjero, las llamadas de Salgado asegurando que la salida a bolsa era una operación de Estado llevaron a invertir a compañías o instituciones como Mapfre, Mutua Madrileña, Ahorro Corporación, Renta 4, la Cámara de Comercio de Madrid, Telefónica, ACS, Grupo Villar Mir, Disa (la petrolera de la familia Carceller), Ferrovial, Ence o Isolux. Según la CNMV, en la operación participaron 16.238 inversores no minoristas, de los que 14.050 eran empresas no financieras y el resto, inversores profesionales o institucionales (145 empresas del sector seguros; 1.164 inversores extranjeros; dos administraciones públicas; y 366 instituciones privadas sin fines de lucro).

En cuanto a los particulares, Bankia ha devuelto unos 1.200 millones de euros a más de 190.000 personas. En concreto, ha reembolsado unos 700 millones a 135.000 pequeños inversores a través del procedimiento que abrió en febrero tras las sentencias del Supremo, mientras que el resto de los casos procede de demandas que ha perdido en los juzgados. En los tribunales todavía quedan pendientes unos 30.000 casos por un importe aproximado de 400 millones.