El Govern no recaudará ni un solo euro de la banca

El Govern no espera recaudar ni un solo euro de los 670 millones previstos con el impuesto a los depósitos bancarios, que las entidades financieras deben empezar a liquidar desde ayer día uno de octubre y hasta el día 20. Los bancos han optado por la opción de impugnar la ley que creó el tributo en abril pasado, que se encuentra en el Tribunal Constitucional tras ser recurrida por el Estado, y presentar avales en la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que gestiona las liquidaciones.

En medios del Ejecutivo catalán se considera «razonable» que las entidades financieras opten por esta vía, dada la «caótica» situación jurídica del gravamen. Entidades financieras consultadas confirmaron que procederán de esta manera. Las empresas turísticas actuaron en su día de igual forma con el impuesto autonómico de alojamientos turísticos que finalmente, a diferencia del euro por receta, fue avalado por el alto tribunal.

La base imponible del impuesto (sobre la que se aplica el gravamen) son los 184.690 millones de euros que había en depósitos en las entidades financieras con oficinas en Catalunya en el 2013, según los cálculos de la Conselleria de Economia. El tipo que se aplica es del 0,3% hasta 150 millones de euros; del 0,4% entre 150 y 600 millones; y del 0,5% para más de 600 millones.

Consciente de que, al menos por ahora, no podrá recaudar ni un solo euro, el conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, ha optado por delimitar claramente la recaudación que puede significar el tributo, regulándolo, ya que el Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar y la ley sigue vigente.

Si el Constitucional avalara la norma catalana, los avales depositados por los bancos se convertirían en ingresos para las arcas públicas. Si, finalmente, el alto tribunal lo invalida, el Govern contará con una cantidad de referencia que reclamar como compensación al Ejecutivo central, según fuentes de Economia.

Carga contra el gravamen

La Asociación Española de la Banca (AEB) considera que el impuesto catalán «es incompatible con el tributo estatal que existía antes y que grava el mismo hecho imponible». Por ello esperan que el Tribunal Constitucional lo anule. Avisan además de que «a quien más perjudica es a los propios ahorradores catalanes».

En todo caso consideran que este gravamen «supone una penalización de la figura más tradicional y accesible en la que los ciudadanos materializan sus ahorros». También lo critican porque «fragmenta el mercado financiero español y lo hace más ineficiente» y «daña la libre circulación de capitales y servicios, y perturba la libre competencia».

La vida de este impuesto ha sido rocambolesca. El Govern de CiU lo creó a través de un decreto pactado con ERC en diciembre del 2012. Una semana después, el Ejecutivo central hizo lo propio y estableció un tipo cero para delimitar la base imponible y cerrar la puerta a que Catalunya y otras comunidades pudieran crearlo. En enero del 2013 recurrió el tributo catalán ante el Constitucional, que en mayo levantó la suspensión cautelar. Como consecuencia de ello, el Govern aprobó la ley de creación del impuesto y también impugnó el creado por el Ejecutivo central.

En julio, el Gobierno de Mariano Rajoy fijó el gravamen del tributo estatal en el 0,03%, con el que se esperaba recaudar 375 millones en toda España. Es una suma muy inferior a la prevista antes con un tipo del 0,2% y que hubiera supuesto unos 2.500 millones y, por tanto, una cantidad más acorde con las expectativas de las autonomías.