El Gobierno quiere que la mayoría de los docentes se jubilen a los 67 años

El Gobierno ha propuesto a los sindicatos de la función pública elevar a 67 años la edad de jubilación de los funcionarios del régimen de clases pasivas del Estado, que encuadra a la mayoría de los funcionarios docentes, y "armonizar" así dicho régimen con el general de la Seguridad Social. Así consta en un documento de cinco páginas al que ha tenido acceso EFE y que ha sido entregado a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para comenzar la negociación que tramite un nuevo anteproyecto de ley.

Según esta propuesta, la reforma de las pensiones afectaría a los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) y sobre todo de la Enseñanza, ya que quedarían excluidos los empleados de la Administración de Justicia, de las Fuerzas Armadas y, probablemente, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así, serían cerca de 650.000 funcionarios, del total de 998.000 de clases pasivas, los que cambiarían de régimen.

Sin coeficiente reductor

El documento propone, además, elevar la edad de jubilación, ampliar de 35 a 37 años el número de años para poder cobrar el cien por cien de la pensión, y modificar, de forma armónica y transitoria, la tabla de porcentajes que se aplica al denominado 'haber regulador' para cobrar la pensión, con el fin de que la "incidencia de la nueva tabla sea mínima en las inmediatas generaciones de pensionistas".

Y es que el cálculo de la pensión de los funcionarios de clases pasivas no se realiza sobre tablas salariales sino sobre otros parámetros denominados 'haberes'. Asimismo, se regularía el acceso a la jubilación anticipada a partir de los 65 años si se acredita un periodo de servicios efectivos al Estado igual o superior a 38 años y 6 meses, sin ningún tipo de coeficiente reductor.

Periodo transitorio

Para el acceso a la jubilación a los 63 años se deberían acreditar 33 años de servicios al Estado, en este caso estaría vinculada a un coeficiente reductor del 1,87% de la pensión por cada trimestre que adelante el retiro. El importe de la pensión ha de ser superior al 12% de la cuantía de la prestación mínima que correspondería percibir al interesado en función de su edad y situación familiar.

Se incluiría un periodo transitorio según el cual entre el 2013 y el 2021, los funcionarios podrían acceder a la jubilación voluntaria sin coeficiente reductor, siempre que cumpla la edad y acredite los años cotizados que se establecen de forma anual. Sobre el cálculo de la pensión para determinar su base, la ampliación de este período de 15 a 25 años, que contempla la reforma de las pensiones, no tendría incidencia en las clases pasivas.

La propuesta del Ejecutivo solo afectaría a los funcionarios integrados en las clases pasivas a partir del 31 de diciembre del 2010, fecha en la que ya no hay nuevas incorporaciones a este régimen. Otras reformas que plantea el Ejecutivo en este paquete de medidas de "armonización" serían regular de forma expresa el accidente 'in itinere', así como el cómputo de los días que integran el permiso por parto a efectos de las pensiones de jubilación.