COMUNICACIONES

Fomento ve viables las autopistas en quiebra, sin la deuda que tienen

El ministro De la Serna recalca que si el Estado tiene que asumir autopistas las gestionará una sociedad pública y se volverán a licitar

Íñigo de la Serna.

Íñigo de la Serna. / periodico

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El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cree que las nueve autopistas de peaje ahora en quiebra "son viables", ya que alguna ha incrementado sus tráficos cerca de un 20 %, siempre que no se considere la "mochila que tienen", en referencia a la deuda que soportan.

De la Serna, durante un desayuno informativo organizado por el diario El Economista, ha indicado que algunas de estas autopistas tienen un resultado de explotación (ebitda) positivo y los ingresos que podrían generar "no son despreciables".

El tráfico en estas autopistas aumentó entre un 4,1 % y un 19,1 % en los dos primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de anterior, cuyo porcentaje más alto lo logró la radial R-5.

Respecto a la asunción por el Estado de estas vías en concurso de acreedores, el ministro ha explicado que en el caso de que ello ocurra la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seitsa) se encargará de la gestión para posteriormente llevar a cabo su relicitación.

De la Serna ha explicado que, además, la situación judicial de algunas de estas vías en concurso de acreedores ha variado, al retornar de la fase de liquidación en que habían entrado a la de convenio, lo que da más margen al Ministerio.

Asimismo, ha indicado que no sabe aún si el Estado se tendrá que encargar temporalmente de todas estas autopistas, aunque ha admitido que es probable que sea así, y ha señalado que está por decidir cómo se agruparán las diferentes concesiones.

Íñigo de la Serna ha reconocido que se explotó la posibilidad de llegar a acuerdos con los vendedores de la deuda de estas autopistas, aunque sin éxito.

Respecto a la finalización de las concesiones de las autopistas AP-1 y AP-7, que vencen en 2018, ha manifestado que lo único que hay decidido es que el Gobierno no las va a prorrogar, aunque no decidirá sobre su modelo de explotación, es decir si será de nuevo un régimen de concesión o bien se convierten en vías de libre tránsito, hasta meses antes de que vaya a concluir la actual concesión.