INVESTIGACIÓN POR UN PRESUNTO FRAUDE MILLONARIO

La fiscalía acusa a 25 directivos y empresarios de desviar fondos de la mutua Fortia Vida

Sede de la mutua Fortia Vida en Barcelona, en febrero del 2009.

Sede de la mutua Fortia Vida en Barcelona, en febrero del 2009.

J. G. ALBALAT / Barcelona

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Una jueza de Barcelona está investigando la descapitalización y el presunto desvío de fondos de la mutua Fortia Vida. La magistrada ha registrado empresas, ha acordado el bloqueo de depósitos bancarios y ha impuestos fianzas de 600.000 euros para no ingresar en prisión a la presidenta de la entidad y exdirectiva de Eurobank, María Vaqué Molas, y al también imputado Eduardo Pascual Arxé. Todo a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Barcelona por presunta estafa o apropiación indebida, delito societario, insolvencia punible y asociación ilícita contra 25 directivos de la mutua y de otras empresas. En la operativa, según la acusación, participaron sociedades de Luxemburgo, Bélgica, Andorra y República Dominicana.

Fortia Vida surgió de la fusión de Norton y Personal Life, antiguas mutuas de Eurobank. En el 2007, ocupaba el tercer lugar en el ránking de mutuas catalanas de previsión social por cuotas gestionadas, con unos activos de 177,62 millones de euros. La Conselleria d'Economia de la Generalitat intervino la entidad en abril del 2009, tras detectar un exceso de inversiones en el sector inmobiliario y el traspaso de pólizas a la aseguradora belga Apra Leven. El Govern, al final, decidió disolver. El expediente fue traspasado a la Fiscalía de Barcelona. La fiscal Carmen Martín Aragón, tras una investigación previa, presentó la querella a finales del año pasado.

Según la acusación pública, entre el 2000 y el 2009, los querellados ejecutaron un plan para obtener fondos de los mutualistas para invertirlo en empresas privadas controladas por ellos mismos y que se dedicaban a diversos negocios, sobre todo en el sector inmobiliario. De esta manera, conseguían importantes beneficios que traspasaban a su propio patrimonio o a sus sociedades.

Los querellados, además de dirigir mutuas, crearon sociedades tanto en España, como en Andorra, Bélgica, Luxemburgo y República Dominicana dedicadas, en su mayoría, a la adquisición y venta de terrenos y promociones inmobiliarias. Incluso, algunas asesoraban en contratos de seguros, gestión de activos y de manera residual a la prestación de servicios médicos. Mediante el traspaso de fondos se realizaron inversiones inmobiliarias en Tenerife, Rumania, República Dominicana e, incluso, Brasil.

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