El Periódico

CAMBIOS EN LOS SERVICIOS

La economía se vuelve colaborativa

El éxito de plataformas como Airbnb obliga a los gobiernos a adaptar sus normas

La CNMC llama a facilitar el acceso al mercado del alquiler de viviendas y el transporte

La economía se vuelve colaborativa

La plataforma de alquiler de vehículos Drivy.

Miércoles, 16 de marzo del 2016 - 21:13 CET

Sectores tradicionales como el turismo o el transporte empiezan a ver como los particulares, gracias a las plataformas digitales, desafían a industrias hasta ahora de difícil acceso. Es la economía colaborativa –o consumo colaborativo-, que ha pasado de ser un fenómeno en auge a ser un hecho: solo el año pasado casi 900.000 personas se alojaron en Barcelona en apartamentos de la plataforma de alquiler de habitaciones y pisos Airbnb, generando un impacto económico de 740 millones de euros en la ciudad, según cálculos de la plataforma. Todo ello, de momento, en un sector sin leyes claras.

“La economía colaborativa constituye un fenómeno innovador de alcance global y transversal, que está generando importantes cambios estructurales en el funcionamiento de los mercados”, ha advertido por ejemplo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El impacto económico previsto es considerable: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) calcula que generará un negocio de unos 100.000 millones de euros anuales (hoy en día está en una cuarta parte de esa cantidad).

No existen definiciones únicas de lo que es la economía colaborativa, aunque básicamente se entiende como tal un intercambio de servicios entre dos (habitualmente) particulares, haya dinero o no de por medio, cuyo fin es satisfacer las necesidades de ambos. La tecnología (webs, aplicaciones) está facilitando estos intercambios, y ahora además ya no son solo locales, sino entre personas de todo el mundo.

Las claves de la noticia

  • Qué es y qué no es
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    No hay una definición única de economía colaborativa. Se entiende como tal el intercambio de servicios entre dos particulares para satisfacer necesidades de ambos. Con el desarrollo de internet, se facilita la puesta en contacto entre ambos ciudadanos, y la forma ya no es solo el truque de servicios, sino también el monetario. Además, ha aparecido la figura del intermediario, que habitualmente se lleva una comisión.
  • ¿Se deben pagar impuestos?
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    Aunque no hay leyes que regulen estos nuevos negocios, las propias plataformas del sector recuerdan a sus usuarios que deben pagar los impuestos correspondientes (aunque también recuerdan que ellos no son los que deben comprobarlo). Sin embargo, la falta de regulación específica provoca casos de alegalidad e indefinición. La CNMC ha recomendado elaborar una normativa al respecto, y Bruselas también quiere definir este sector.
  • ¿El impacto es positivo o negativo?
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    Los defensores de la economía colaborativa defienden que fenómenos como el de Airbnb o Uber ayudan a muchos ciudadanos que lo necesitan a lograr unos ingresos extra y aprovechar su tiempo prestando un servicio. Sin embargo, los detractores afirman que hay menos garantías (menos profesionalidad en la conducción, por ejemplo) y que impactan en el conjunto de la economía por ejemplo aumentando el precio de las viviendas.

Alrededor de esta idea han nacido cientos de proyectos, algunos de tamaño mundial, cuya repercusión está además provocando cambios en los sectores tradicionales. Los ejemplos más habituales son los de Uber, una plataforma que facilita que conductores particulares presten su servicio para llevar a clientes a un destino, o Airbnb. Su éxito, además, ha chocado con las leyes –anticuadas- y los lobis: ¿Puede cualquiera convertirse en taxista o alquilar su propiedad sin licencia? ¿Pagan impuestos los que alquilan?

La aparición de Uber en España, con menos de una decena de coches en servicio, provocó una reacción en masa del sector del taxi que obligó a la firma estadounidense a parar su planes en España; mientras que por Airbnb ha habido ha habido quejas y alguna multa. En este último caso, los números de la plataforma demuestran que ya no es algo minoritario: 889.000 viajeros de todo el mundo utilizaron Airbnb para alojarse en Barcelona en el 2015 –cuarta ciudad del mundo en la plataforma-, frente a los 227.000 del 2013.

La polémica en este caso es legal: ¿quién paga los impuestos? ¿son apartamentos turísticos? ¿quién tiene la responsabilidad? “El gran problema es que no hay una ley que defina qué es la economía colaborativa”, ha asegurado el director general de Airbnb para España y Portugal, Arnaldo Muñoz. La compañía mantiene conversaciones con la Generalitat y con el Ayuntamiento de Barcelona para lograr una legislación “acorde” con esta nueva forma de consumo, pues la firma defiende que los anfitriones que ponen sus habitaciones o pisos de residencia habitual en alquiler en la plataforma no son en su mayoría profesionales y no pueden ser tratados como tal.

Para demostrarlo, la empresa ha dado a conocer sus cifras del 2015 en Barcelona, donde existen en la actualidad unos 16.000 anuncios de 9.200 anfitriones. El anfitrión típico tiene 38 años e ingresa unos 5.100 euros al año por un promedio de 58 noches al año que logra alquilar su propiedad. La mayoría de los anfitriones de Airbnb son ciudadanos particulares que comparten la casa en la que viven, y el 73% de ellos solo tiene un anuncio. Según Muñoz, ello demuestra que su negocio se basa en el "home sharing", es decir, gente que alquila su casa cuando está de viaje o la alquila parcialmente mientras la habita para obtener unos ingresos extra que “no constituyen un trabajo”.

Los hoteleros, sin embargo, denuncian que es “competencia desleal”, y que ni pagan la tasa turística ni se controla que se paguen los impuestos pertinentes. Al respecto, Airbnb se muestra “dispuesta a recaudar la tasa turística”, y recuerda que facilita y recuerda a los anfitriones que deben pagar sus impuestos, cumplir “con la normativa legal vigente” y que "todos los pagos se hacen vía transferencia bancaria". “En París o Amsterdam se ha llegado a acuerdos con las administraciones. Es lo que buscamos”, agrega Muñoz. En París, por ejemplo, se ha creado una doble figura: si es una residencia no habitual, tiene el mismo trato que una vivienda turística, pero si se alquila la propiedad donde se vive, las condiciones son diferentes.

En pleno auge de estos servicios, la CNMC ha recomendado en un informe una mayor libertad de acceso al mercado viviendas de uso turístico, eliminando cualquier tipo de moratoria en la autorización de nuevas viviendas turísticas, suprimiendo su inscripción y eliminando requisitos de estancias, además de una mayor libertad de acceso al mercado del taxi. La Generalitat y Bruselas están trabajando en leyes para el sector.

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