MEDIDA ANTIFRAUDE

Economía endurece las normas antiblanqueo de capitales para el comercio

Los establecimientos deberán denunciar los pagos en efectivo de extranjeros de más de 10.000 euros

Luis de Guindos, en rueda de prensa en Washington tras la cumbre del FMI

Luis de Guindos, en rueda de prensa en Washington tras la cumbre del FMI / periodico

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

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El Gobierno quiere reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y, por ello, plantea actualizar el régimen de sanciones, garantizar el anonimato de las denuncias y exigir a los comercios que vigilen las compras en efectivo de extranjeros superiores a 10.000 euros.

Así se explica en un documento que el Ministerio de Economía ha sacado a consulta pública hasta el 10 de junio y que pretende adaptar la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a la directiva europea de mayo de 2015

Los pagos en efectivo realizados por personas no residentes están limitados a un máximo de 15.000 euros por la ley de prevención del fraude fiscal de octubre del 2012 (2.500 euros para transacciones internas). Este límite de 15.000 euros se mantiene se mantiene a efectos de la ley de prevención del fraude fiscal; sin embargo, se pretende rebajar de 15.000 a 10.000 euros a efectos de la ley antiblanqueo, de abril del 2010. Así, los comerciantes que vendan bienes en efectivo a personas no residentes y estos realicen pagos en efectivo entre 10.000 y 15.000 euros (por encima de 15.000 está prohibido) deberán comunicar estas operaciones al Servicio Ejecutivo de de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Ministerio de Economía. 

DENUNCIA ANÓNIMA

La reforma de la ley no supone "una modificación fundamental". Según el ministerio, está orientada "a mejorar el sistema punitivo". También se pretende potenciar los mecanismos de denuncia, tanto internos de las entidades obligadas (comercios, bancos, despachos de abogados, notarios, etcétera), como externos, a las autoridades. Para ello, se pretende conocer propuestas que, entre otras cuestiones, permitan garantizar la confidencialidad de las denuncias.