Dos grandes crisis y cinco retos de futuro

Los movimientos de participación social y ciudadana han tenido diferentes formas de articularse y de involucrarse en nuestro país -podemos hacer mención al movimiento de las asociaciones de vecinos que fueron muy importantes, en la década de los 70 y 80, coincidiendo con los inicios de la democracia-, para la modernización de nuestros pueblos y ciudades. Las asociaciones vecinales acogían personas de diversas procedencias e ideologías, pero con un objetivo común: la mejora del bienestar de las personas que residían en un nuestras ciudades. Posteriormente, estos movimientos sociales fueron apagándose y disolviendo, ya que sus reivindicaciones fueron asumidas por los partidos políticos y poco a poco estas reivindicaciones se integraron en las propuestas y acciones de los partidos.

A finales del siglo XX, en la sociedad se inicia un nuevo proceso de concienciación y de reivindicación de los derechos y las oportunidades de la sociedad, principalmente de los sectores más vulnerables. En este sentido, surge el movimiento de las entidades del tercer sector, entendido como el conjunto de entidades sociales, formalmente organizadas y sin ánimo de lucro, con el objetivo de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, ya sean individuales o colectivos, con la finalidad de impulsar la cohesión social. La importancia de estas entidades reside en su función, no solo de reivindicación y movilización social, sino también de herramienta de sensibilización y de agentes para el cambio social.

El objetivo de las entidades y su deseo de participar de forma activa en la búsqueda de soluciones sociales presenta importantes ventajas, pero a su vez comporta algún que otro inconveniente.

La fuerza y el deseo de cambio, así como las propuestas innovadoras, de las persones que participan y dirigen las entidades del tercer sector, llevó a las administraciones publicas a contratar sus servicios para el desarrollo de acciones que eran, que son, competencia exclusiva de estas. Las delegaciones de funciones y el desarrollo de planes de actuación convirtieron a algunas de estas entidades en empresas sociales, dependientes de las instituciones públicas, que dejan de asumir sus funciones para traspasarlas, en ocasiones con más precariedad que si el servicio lo desarrollara la propia Administración.

A partir de la primera década del siglo XXI, las entidades del tercer sector se ven abocadas a dos grandes crisis, que dificultan su funcionamiento y la posibilidad de poder desarrollar sus proyectos y continuar en la acción social.

La primera crisis es la conocida crisis económica. Durante los años de bonanza económica, las entidades del tercer sector crecieron y asumieron proyectos y programas que posteriormente las administraciones dejaron de apoyar o que tenían dificultades para poder financiar. Esta crisis económica debe hacer plantear a las entidades cambios en sus procesos internos de organización, entre otros, dar prioridad a los programas de intervención y reorganizar los recursos materiales y personales. También es importante que diversifiquen las diferentes fuentes de financiación y, por último, la necesidad de buscar alianzas con otras entidades o fundaciones, para poder estabilizar las fuentes de financiación, apostando por un partenariado público-privado.

En segundo lugar, las entidades del tercer sector tienen en los movimientos de los indignados del 15-M un momento de inflexión. Este provoca una fuerte reflexión en el modelo de atención a las personas en situación de riesgo social, la ruptura del modelo clásico de partidos y el nacimiento de nuevas formas de participación democrática que presentan un nuevo mapa político en nuestro país. Este nuevo modelo social plantea un debate en el modelo de atención a las personas en situaciones de dificultad, y plantea, entre otros, que las administraciones públicas recuperen sus competencias en el ámbito de la atención socioeducativa.

La recuperación de funciones sociales por parte de las administraciones públicas comporta la garantía de que se desarrollen las políticas públicas y que se garantice su prestación, mientras que por su parte esta centralización de los servicios produce una importante crisis en las entidades que hasta este momento prestaban los servicios. Igualmente, finalizará el sentido crítico que define a  las entidades del tercer sector.

Estas entidades deben asumir el encargo de la comunidad que se desarrollen las políticas sociales, y que no vuelva a ocurrir como en la década de los 80 que los partidos políticos asumieron como suyas las reivindicaciones sociales y estas se diluyeron en los papeles de algún programa electoral.

Las entidades del tercer sector tienen en consecuencia nuevos retos delante este nuevo panorama, y a modo de resumen podríamos describir los siguientes:

1. Buscar formas de financiación que faciliten el desarrollo de los proyectos y la independencia en su ejecución.

2. Reorganizarse, desarrollando estructuras administrativas más sencillas y a la vez más fácilmente adaptables a las situaciones personales.

3. Especializarse en nuevas formas de intervención social, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

4. Potenciar los modelos de intervención relacionados con la PCP (planificación centrada en las personas) y no en los servicios.

5. Desplegar modelos de dirección basados en los valores de las personas y no solo en sus competencias.

A modo de conclusión, las entidades del tercer sector tienen, entre otros, los retos de saber situar sus acciones y sus experiencias positivas en este nuevo panorama social.