Un coladero millonario

La economía sumergida en España es un coladero por el que desaparece cada año el equivalente al 19,2% del PIB español (alrededor de 192.000 millones de euros) procedente de actividades no declaradas que se concentran en la construcción, la restauración y el comercio al por menor y servicios. Este porcentaje es el equivalente a los 190.000 millones de euros de ingresos que obtendrá el Estado este año por cotizaciones sociales e impuestos directos y también es igual a toda la morosidad del sistema financiero español o a la partida destinada a gasto social de los presupuestos del 2014.

Esta cuantificación de la economía sumergida recogida en un estudio realizado por Visa Europa en el 2012 palidece en comparación con los abrumadores resultados de un informe de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) del 2011 en el que se sitúa la economía sumergida en España en el 23,7% del PIB (237.000 millones de euros) con un total de 4 millones de personas que trabajarían en negro.

Por su parte, el informe Tax Gap en España estimó en el 2013 que la tasa de economía ilegal en España se situaba alrededor del 29,1% del PIB, la más alta del sur de Europa. Otras casas de análisis, como la de la CEOE la cifran en el 20% el trabajo no declarado en España.

La lacra de la economía sumergida en España no cuenta con datos oficiales porque ningún Gobierno ha encargado un informe para evaluarla, según denuncia el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Este cuerpo de inspectores se pregunta: ¿Por qué?

Según Gestha, las administraciones no han estado interesadas en evaluar la dimensión de la economía sumergida porque evidencia una política de lucha contra el fraude sumamente ineficaz y porque este nivel de economía sumergida ha permitido la supervivencia de una sociedad en la que uno de cada cuatro trabajadores está sin empleo (25% de tasa de paro).

La economía sumergida, según la OCDE, se define como aquellas «actividades económicas que son productivas, pero que de forma deliberada se esconden a la Administración para evitar el pago de los impuestos, saltarse el abono de las cotizaciones sociales, evitar cumplir las normas laborales y de otro tipo y evitar algunos procedimientos administrativos».

Durante la crisis, la economía sumergida ha aumentado en 60.000 millones de euros entre los años 2008 y 2012, según Gestha.

El principal problema de esta gran masa de dinero no declarado es que distorsiona la renta per cápita, debilita los ingresos del Estado, deja menos recursos para pensiones y gasto social y genera competencia desleal entre los empresarios que sí cumplen la ley y los que no. España ha aprobado en los últimos años medidas contra el fraude fiscal, como la obligación de limitar los pagos en metálico, la ley de blanqueo de capitales o la obligación de declarar bienes en el extranjero. Pero a la vez ha llevado a cabo una amnistía fiscal para que los evasores fiscales regularicen su situación, lo que ha generado controversia.