SECTOR FINACIERO

CatalunyaCaixa cerrará el año con pérdidas superiores a los 11.000 millones

Una oficina de CatalunyaCaixa en Barcelona

Una oficina de CatalunyaCaixa en Barcelona / periodico

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / Barcelona

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CatalunyaCaixa (CX) cerrará el ejercicio del 2012 con perdidas superiores a los 11.000 millones de euros, según se desprende del plan de reestructuración aporobado por la Comisión Europea en el mes de noviembre pasado y que dio a conocer finalmente ayer la Comisión y hoy recoge 'Expansión'. Esas pérdidas son el resultado de la trasmisión de los activos tóxicos del sector inmobiliario a la Sareb, además de las dotaciones que la entidad ha tenido que realizar para cumplir con los decretos de capitalización aprobados por el Gobierno. Los número rojos, no obstante, ha generado unas necesidades de capital de 9.700 millones de euros, que se corresponden con el volumen de ayudas que Bruselas ya traspasó a la entidad en el mes de diciembre pasado.

CatalunyaCaixa generó pérdidas de 10.000 millones de euros como consecuencia del traspaso de activos a la Sareb. De hecho, la entidad transfirió activos por valor bruto de 16.000 millones (unos 37.000 inmuebles), que tras aplicar un descuento medio del 62%, quedaron por un valor de 6.000 millones.Además debe contabilizar unas perdidas superiores a los 1.000 millones que corresponde al resto de créditos del balance traspasado.

Resultados

Fuentes de la entidad destacaron ayer que esa pérdidas quedarán contabilizadas en los resultados del año, aunque ya han sido cubiertas, puesto que eran la base para establecer el volumen de ayudas que debía aportar Bruselas a la entidad. CX contaban con recursos propios, que sumados a los 9.700 millones de Bruselas cubren el total de número rojos, con lo que la entidad cierra el ejercicio con un capital de máxima calidad por encima del 9% exigido por la Autoridad Bancaria Europeo.

El plan aprobado por Bruselas impone un ajuste del balance del 60%, como para el resto de entidades nacionalizadas, lo que en el caso de CX significa el cierre de 1.200 oficinas y el recorte de 3.000 empleos. Ese plan, sin embargo, no es definitivo, puesto que el ganador de la subasta de la entidad, que ha sido convocada por el FROB, podrá pedir a Bruselas que modifique el plan, en función de la complementariedad de las dos entidades.