El camino por recorrer

En los últimos años, especialmente a partir del 2008, los efectos de la crisis económica se han manifestado de manera explícita en el sector público, tanto estatal, autonómico, como local. Especialmente en este último ámbito, el de los ayuntamientos, las noticias habían llegado a ser constantes en cuanto su nivel de endeudamiento, las dificultades financieras y la constatación que muchos ayuntamientos llegaron a encontrarse en una situación práctica muy próxima a la insolvencia. Haciendo una primera aproximación a las causas de la crisis financiera de los ayuntamientos, encontraríamos la explicación en la caída de la actividad económica general y, en consecuencia, la reducción en la recaudación. No obstante, de un análisis más detallado, podemos observar que dicha crisis ha tenido diversas causas que sintéticamente podríamos clasificar en las siguientes:

1. Inadecuada cuantificación y cualificación de los ingresos que pretendidamente se consideraban financiación estable, cuando en realidad tenían un carácter volátil. Los ayuntamientos se dotaron de unos servicios (a menudo de elevado coste y sobredimensionados) que se preveía cubrir con unos ingresos que se volatizaron después del estallido de la burbuja inmobiliaria.

2. Excesivo déficit de servicios, no repercutiendo directamente el coste de los servicios sobre los usuarios mediante tasas y precios públicos, con el agravante que en muchas ocasiones se han venido prestando servicios excediendo el ámbito competencial local.

3. Excesivo endeudamiento financiero: operaciones de deuda programadas en periodos de bonanza económica se convirtieron en pesadas cargas sobre los presupuestos en el momento en que los ingresos disminuyeron a causa de la crisis.

4. Insuficiente generación de recursos netos, que deberían haber permitido disponer de unas reservas para hacer frente a dificultades financieras, ya que los recursos generados fueron aplicados en su práctica totalidad a cubrir déficits de servicios, a hacer frente a costes financieros o a financiar inversiones, muchas de ellas de dudosa rentabilidad, tanto económica como social.

Ante esta situación, ¿cómo ha reaccionado el sector público local? Sin duda, de manera muy positiva y en cualquier análisis comparado entre los sectores estatal, autonómico y local, este último presenta los indicadores más favorables en cumplimiento del equilibrio presupuestario o en la reducción de su endeudamiento, a pesar de operar en un entorno que ha requerido dar respuesta a demandas crecientes de prestaciones sociales. Esta situación se ha conseguido mediante la aplicación de diversas medidas que han incidido en las causas que anteriormente apuntábamos como origen de la crisis financiera municipal:

. Planificación presupuestaria rigurosa, ajustando los ingresos a previsiones realistas.

. Ajuste de los servicios prestados, controlando su coste o reduciendo el número de entes instrumentales para la prestación de servicios públicos.

. Reducción drástica de las inversiones.

. Limitación y reducción del endeudamiento financiero.

No obstante, aún reconociendo el esfuerzo realizado por los gestores públicos locales en la aplicación de las medidas frente a la crisis, una parte de las mismas han sido derivadas del obligado cumplimiento de una amplia batería legal desarrollada en los últimos tiempos. Así, la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y otras disposiciones derivadas de este marco, como las limitaciones salariales de los empleados públicos, la denominada regla del gasto o el cálculo del coste efectivo, han impuesto severas restricciones a la gestión económica de los entes locales. Muy probablemente, la presión de dichas medidas sobre el sector local ha sido desproporcionada y no siempre justificada en razones económicas, ya que el peso del sector local respecto el déficit público total es relativamente bajo (alrededor del 4%, siendo el gasto público local aproximadamente el 13% del gasto público total), siendo el esfuerzo realizado superior proporcionalmente al de las otras administraciones.

No cabe duda que se ha recorrido un camino muy importante en la recuperación económica del sector público local, si bien esta ha sido básicamente de puertas adentro y aún no se ha conseguido que la recuperación tenga un efecto multiplicador externo. Este es el reto que debe afrontar el sector público local, conseguir que, una vez saneadas las finanzas públicas, estas reviertan en las economías de los municipios, mediante políticas activas de creación de empleo, la dotación de infraestructuras favorables al comercio e industria local, unas políticas fiscales que favorezcan los emprendedores y atraigan nuevas inversiones, el sostenimiento de políticas sociales a favor de los sectores más débiles y, en definitiva, la prestación de unos servicios públicos de calidad y ajustados a la demanda. La experiencia de la crisis de los últimos años debe ayudar a no repetir los errores del pasado en la ejecución de inversiones improductivas y de muy dudosa utilidad, o en la prestación de servicios sobredimensionados y mal gestionados.

Valorando la importancia que los ayuntamientos tienen en las economías locales, conjuntamente con el rigor presupuestario ya conseguido en la inmensa mayoría de los casos y con el aprendizaje de los errores del pasado reciente, puede iniciarse el camino que permita a los ayuntamientos colaborar activamente en la recuperación económica, aunque para ello es también necesaria una cierta flexibilidad en el marco normativo tan restrictivo impuesto en los últimos tiempos.

El camino a recorrer es largo y no se puede andar con los pies atados.