Cuotas

Aumentar o bajar las cotizaciones con oposición empresarial

Un pensionista lee un libro en el paque Can Miralletes en Barcelona.

Un pensionista lee un libro en el paque Can Miralletes en Barcelona.

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La base de la un buen sistema contributivo y de reparto como el de España reside en las cotizaciones de los trabajadores y empresarios. Si el empleo es de calidad y con una retribución digna, las cuotas a la Seguridad Social que se pagan en la nómina de cada mes, también lo será. Por ello, la gran destrucción de empleo de los años de la crisis -más de tres millones de parados- han repercutido en los reservas de dinero.

Pese a que el Gobierno se felicita por el hecho de que sus políticas estén creando empleo -en agosto hay 568.085 cotizantes más que hace un año-, todos coinciden en que los bajos salarios de los nuevos trabajadores conllevan bases de cotización pequeñas, por lo que los ingresos en la Seguridad Social son también bajos.

La autoridad fiscal independiente (AIREF) ha puesto el dedo en esta llaga en sus dos últimos informes, el más reciente de hace apenas un mes, sobre las previsiones macroeconómicas del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2016. La AIREF asegura que la creación de empleo «podría ser menor de lo esperado por el Gobierno». Así las cosas, se abre el debate sobre si hay que aumentar o no las cotizaciones sociales.

Los empresarios se oponen vehementemente a la subida de las cotizaciones. Esta es la única cuestión concreta sobre la que se ha pronunciado la patronal CEOE a propósito de la reforma de las pensiones, aunque apoya que las  de viudedad y orfandad se paguen mediante impuestos.

Los sindicatos, por su parte, lo tienen claro. Consideran que hay que aumentar la base máxima de cotización de los asalariados de una forma más equilibrada que como se ha hecho en los últimos años, ya que en ocasiones se ha puesto en peligro el principio de contributividad porque los incrementos no se han reflejado en la cuantía de la pensión. Esta medida ya figura como recomendación del Pacto de Toledo.

CCOO cuantifica en unos 1.900 millones de euros anuales los ingresos adicionales que conllevaría aumentar la base máxima hasta el 15%.