Andorra convoca a toda su banca para la liquidación ordenada de BPA

El Gobierno de Andorra quiere acelerar el proceso de liquidación de Banca Privada d'Andorra (BPA) para que no contamine al resto del sector financiero del país formado por Crèdit Andorrà, Andbanc, Banca Mora y Banc Sabadell d'Andorra. Para ello ha convocado a todas estas entidades este fin de semana con el objetivo de buscar una salida conjunta y urgente a la crisis. El mayor problema es encontrar un encaje jurídico a esta situación, en la que se trata de liquidar un banco que no tiene aún un problema de solvencia, pero que ha perdido por completo la confianza de los inversores y no tiene acceso a la liquidez en los mercados internacionales.

El Gobierno andorrano, que ya actuaba muy acelerado, todavía ha forzado más la marcha de sus decisiones tras la visita el pasado jueves de una delegación de la Fincen (Financial Crimes Enforcement Network), la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realizó el demoledor informe sobre el presunto blanqueo de capitales utilizando la estructura de BPA. Ahora, las autoridades andorranas en colaboración estrecha con el Institut Nacional Andorra de Finances (INAF) trabajan en ya en una liquidación ordenada acelerada que podría llevarse a cabo en los próximos días, según han confirmado fuentes conocedoras de las conversaciones mantenidas entre el Principat y Fincen.

El INAF tomó el control del BPA el mismo martes que se hizo pública la denuncia del Fincen. Por la noche, el Banco de España intervino su filial española Banco Madrid, cuyo consejo dimitió el día siguiente. El de BPA lo hizo el jueves, forzado por el Gobierno. Y el viernes de la semana pasada la policía andorrana detuvo al consejero delegado de la entidad, Joan Pau Miquel Prats, considerado el presunto cerebro de la actividad de blanqueo. Prats era el máximo ejecutivo del banco que copresiden los hermanos Higini y Ramon Cierco.

Andorra, cuyo sistema financiero no se encuentra bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) ni cuenta con la red de seguridad de las instituciones europeas, está obligada a encontrar una solución propia a su problema bancario, es decir, entre el Gobierno y el sector financiero privado, que supone el 19% del producto interior bruto (PIB) del país.

El Fondo de Garantía de Depósitos andorrano se constituyó hace apenas dos años y cuenta con 100 millones de euros, insuficientes para un rescate bancario. En todo caso, el ministro de Finances, Jordi Cinca, manifestó el pasado miércoles que estaban garantizados todos los depósitos de hasta 100.000 euros, la misma cifra que cubre a los depositantes en la banca española.

Otro elemento que empuja a las autoridades a actuar aceleradas es el corralito aplicado a los clientes con depósitos en BPA, a los que solo se les permite sacar 2.500 euros por persona a la semana. Esta medida no puede prolongarse mucho más tiempo, atendiendo a las especiales condiciones del país con una población de apenas 88.000 habitantes.

La marca BPA está fuertemente dañada y tras el análisis de los interventores se ha descartado la posibilidad de mantener el banco en solitario. La solución para llevar a cabo una liquidación ordenada pasará por pedir a los bancos andorranos que absorban o se repartan parte de los activos y los pasivos sanos del banco. Para ello, se han acelerado las negociaciones formales, Este tipo de procesos se suelen llevar a cabo de forma discreta cuando los mercados financieros están cerrados en fin de semana. Otro problema a superar es dar garantías a los otros bancos de que los fondos que se traspasen tienen un origen legal claro, para que no se encuentren con operaciones como las que les han costado a BPA su prestigio.

BUFETES JURÍDICOS

En la solución a la crisis de BPA trabajan un equipo numeroso de asesores de KPMG, Deloitte, Ernst & Young y bufetes jurídicos instalados en Andorra desde hace semanas. Para poder llevar a cabo una liquidación el Gobierno necesita crear una figura jurídica similar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en España. Y, necesita evaluar las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de acciones llevadas a cabo por los accionistas del banco, la familia Cierco.

La banca andorrana, explican fuentes cercanas al Gobierno, no opondrá resistencia al encontrarse muy expuesta a la crisis de reputación generada por las vinculaciones de BPA con el blanqueo de dinero del crimen organizado. Para una plaza financiera como Andorra, el escándalo generado por este caso podría suponer un golpe mortal si no se gestiona con celeridad y transparencia, mencionan fuentes cercanas al proceso.

En la última semana, las autoridades americanas han elogiado la cooperación andorrana con la investigación de los presuntos delitos de blanqueo de BPA en nombre de terceros como las mafias rusa y china, altos funcionarios corruptos venezolanos y el cartel de la droga mexicano de Sinaloa.