Alibaba, Rato y la lista de los 705

El escándalo Rodrigo Rato claro que afecta al PP aunque sea el mismo partido el que lo haya dejado caer al fondo del más profundo y negro agujero de la vergüenza. No hace falta que lo reconozca Mariano Rajoy ¡Cómo no va erosionar a las filas populares en plena campaña electoral el presunto blanqueo de capitales, fraude y alzamiento de bienes perpetrados por un expolítico que lo fue casi todo en el Gobierno de José María Aznar, que dirigió el Fondo Monetario Internacional (FMI) gracias al milagro económico del PP, que trabajó para Lazard, asesoró al Santander y a CaixaBank y sacó a bolsa siete cajas quebradas bajo el nombre de Bankia mientras gastaba a manos llenas con su tarjeta black!

El escándalo Rato concita todos los demonios que espantan al electorado español: la mentira, la corrupción, el exceso, la impunidad con la que determinados personajes de la clase política han gobernado. El lio para el PP es mayúsculo porque Rato, al margen de los delitos que se le puedan imputar o investigar, usó la amnistía fiscal del 2012, aprobada por el Ejecutivo del PP, para declarar dinero oculto al fisco.

Esa amnistía, a la que acudieron 40.000 personas y que ha permitido aflorar 100.000 millones de euros, se ha convertido ahora en otro de los problemas de Rajoy. Los inspectores ya advirtieron de que la denominada «regularización extraordinaria» suponía un «derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos y, en consecuencia, de la recaudación en periodo voluntario».Si bien es cierto que anteriormente se habían llevado a cabo otras dos amnistías en la historia de la democracia (1984 y 1991), el problema es que de esta última se ha indentificado una lista de 705 personas VIPS cuyo dinero regularizado tendría un posible origen delictivo ¿Y quién está en esa lista?

Pues según la tipificación la ley antiblanqueo se identifica e investiga a altos cargos y funcionarios del rango de jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, parlamentarios, magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y miembros equivalentes de la Fiscalía, miembros del Tribunal de Cuentas o consejeros de bancos centrales, embajadores y encargados de negocios de las embajadas, alto personal militar del Ejército, cargos públicos, familiares de todos los anteriores y así hasta los alcaldes, que quedan excluidos ¿Pueden dormir tranquilos los españoles sabiendo que hay esa lista de Alibaba y sus 40 ladrones mientras ellos pagan impuestos, no llegan a fin de mes o están en el paro? El Gobierno debería publicarla y pedir disculpas por el gran fracaso de la amnistía fiscal realizada en el peor año de la crisis española.