El expresidente de Metrovacesa, acusado de usar datos privilegiados

El expresidente de Metrovacesa Joaquín Rivero «aprovechó en su propio beneficio» información privilegiada para obtener un beneficio de casi tres millones de euros al comprar acciones de esta inmobiliaria, según la fiscalía anticorrupción. El fiscal acusa a Rivero de un delito de uso de información privilegiada que está castigado con penas de prisión de cuatro a seis años de cárcel, multa del tanto del triplo obtenido e inhabilitación de dos a cinco años.

Los hechos se remontan al 2005 cuando el entonces consejero de Metrovacesa Luis Portillo manifestó a Román Sanahuja y Joaquín Rivero, consejero y presidente de esta sociedad, que quería desprenderse de su paquete de acciones en la inmobiliaria. Tras diversas negociaciones se llegó a un acuerdo de venta de 57,5 euros por acción, un precio notablemente superior al de cotización en ese periodo, estabilizado en torno a 51,5. Sanahuja compró la mayoría del paquete de Portillo y el resto, el 1,72% del capital de la inmobiliaria, lo adquirió Rivero a través una sociedad luxemburguesa.

Tras conocerse públicamente esta operación, el 2 de enero del 2006, las acciones subieron a 56,10 euros. Sin embargo, antes de la apreciación de las acciones, Rivero, según la fiscalía anticorrupción, preparó «cuatro operaciones que se contrataron el 29 de diciembre y por las que Metrovacesa vendió 617.000 acciones de su autocartera a diferentes entidades financieras» que acabaron en manos de Rivero. El beneficio obtenido por el expresidente de la inmobiliaria con estas operaciones alcanzó los 2,8 millones de euros.

Esta investigación se inició por una denuncia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que descubrió «operaciones consistentes en movimientos de efectivo y entre cuentas bancarias que resultan compatibles con posibles conductas de blanqueo de capitales».

LA ACUSACIÓN/ A pesar de ello, la fiscalía anticorrupción limita la acusación a un delito de información privilegiada. Para el fiscal Rivero «incumplió las obligaciones impuestas a quienes están en posesión de información privilegiada al aprovechar este conocimiento reservado para comprar las acciones de Metrovacesda por medio de sociedades de las que él era el beneficiario último».