El Periódico

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Los dramas de la crisis / LA ACTUACIÓN DE LA BANCA CON LOS IMPAGOS DE HIPOTECAS

230.000 casas han sido embargadas en España desde el 2007

Los afectados piden apoyo mientras la crisis desborda los programas públicos

Casi 45.000 ejecuciones corresponden a Catalunya, y la mitad de estas, a Barcelona

RAFAEL MORALES / TARRAGONA
FIDEL MASREAL / BARCELONA

Sábado, 13 de noviembre del 2010

Manifestación de protesta contra un desahucio en la calle de Robadors de Barcelona, en diciembre del 2008.

Desde el 1 de enero del 2007 hasta el 30 de junio del 2010 fueron embargadas 229.923 viviendas en España. De ese total, 44.202 fueron ejecuciones hipotecarias realizadas en Catalunya, más de la mitad de las cuales (26.410), en Barcelona. Detrás de estas frías cifras hay miles y miles de familias que se quedan sin vivienda por no poder pagar los plazos de sus hipotecas. Y las expectativas para el próximo año, a la vista de la progresión estadística, son desesperanzadoras: si en el primer trimestre del 2007 se produjeron 5.688 embargos en España, en el mismo periodo de este año fueron 27.561.

Entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) están intentando paralizar miles de embargos y claman por un cambio legislativo que permita hacer efectiva la declaración solemne del artículo 47 de la Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada». Ada Colau, portavoz de la PAH, afirma: y pronostica: «Se ha producido un fraude generalizado con las hipotecas y esto solo es la punta del iceberg de lo que ocurrirá el próximo año».

AYUDAS O PARCHES / El Congreso decidió por unanimidad a primeros de octubre instar al Gobierno a que alargue de uno a seis meses el número de cuotas impagadas a partir del cual la banca puede iniciar los trámites de embargo. Pero para los colectivos que quieren frenar la multiplicación de los desahucios, se trata de un parche insuficiente.

«Es inaceptable que una persona se quede en la calle por motivos económicos, pero todavía resulta más intolerable que sea desahuciada por la Administración pública», declararon ayer, a raíz del suicidio de un padre de familia que estaba a punto de ser desahuciado de un piso de propiedad pública que ocupaba ilegalmente en L'Hospitalet de Llobregat, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya, la PAH y el Observatori de Drets Socials. Estas entidades proponen la generalización de la fórmula de la dación en pago, que usan algunas cajas, consistente en que si el banco se queda con la vivienda, la deuda queda liquidada.

También reclaman a los ayuntamientos catalanes que emulen medidas como la del Ayuntamiento de Bobigny (Francia), que se ha declarado «libre de desahucios».

DEMANDA CRECIENTE / Y es que, como en otros dramas familiares derivados de la crisis, son los servicios sociales municipales los que están lidiando a diario con innumerables casos dramáticos. El presidente de la Federació de Municipis de Catalunya, Manuel Bustos, afirma que son muchos los consistorios que intentan parar el golpe de los impagos mediando ante el banco antes de que el conflicto llegue al juzgado y sea más difícil de frenar.

Bustos explica que se trata de acompañar a la familia ante la entidad bancaria y asesorarla legalmente. Si la situación es innegociable, el paso siguiente de los servicios sociales muncipales es hacerse cargo de algunos recibos de la hipoteca. Salvador Esteve, presidente de la Associació Catalana de Municipis, coincide: «Intentamos ayudar a los más necesitados, pero que puedan remontar, porque no podemos comprometernos a pagar medio año o un año de recibos».

La Generalitat ha visto cómo en tres años los casos de ayudas de emergencia para evitar desahucios se han multiplicado por tres, una prograsión que desborda los programas públicos. El Govern cuenta con dos planes. El primero, las citadas ayudas de especial emergencia. Ofrece ayuda económica en función de los niveles de renta de la familia. Se trata de un pago único que puede ascender hasta 3.000 euros y la cuota mensual no puede superar los 1.200 euros.

Con la crisis, el Govern puso en marcha además la oficina Ofideute, que media entre el banco y la familia con problemas para pagar la hipoteca. Entre las opciones sobre la mesa, renegociar la deuda o explorar alternativas como la posibilidad de que el propietario siga viviendo en el inmueble pero de alquiler. Si pese a todo la familia es desahuciada, entonces solo le queda encomendarse a los servicios sociales municipales.

El crack barcelonista considera que su compatriota encajaría perfectamente en el equipo