Los municipios controlarán los apartamentos turísticos

Los ayuntamientos catalanes tendrán más control sobre los apartamentos turísticos, ya que los propietarios de este tipo de pisos estarán obligados a tener una autorización municipal, según el decreto de viviendas de uso turístico aprobado ayer por el Govern. En la práctica, los consistorios podrán poner restricciones a la concesión de licencias y serán libres de cobrar o no una tasa por ellas.

El decreto sustituye una norma de 1998 que, según la Direcció General de Turisme, era ineficaz jurídicamente y dificultaba la inspección. Se calcula que hay 500.000 viviendas susceptibles de ser apartamentos turísticos, pero solo 23.000 estaban registradas en las empresas explotadoras (intermediarias) en el momento álgido. Con la nueva norma se pretende elaborar un censo real que «haga aflorar actividad económica», explicó elconsellerd'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet.

SIN INTERMEDIACIÓN / A diferencia de la normativa anterior, no será obligatoria la intermediación de las empresas explotadoras y la responsabilidad recaerá sobre el propietario. La estancia máxima de los ocupantes será de tres meses, y alquilar una vivienda por menos de ese periodo sin licencia podrá sancionarse con entre 30.000 y 90.000 euros. Más de tres meses se considerará alquiler de residencia habitual.

El decreto se refiere únicamente a los pisos solos, no a los bloques de apartamentos, que se regularán como los hoteles. En este sentido, el Govern quiere evitar problemas de convivencia, al permitir a las comunidades de propietarios que impidan, con una mayoría de cuatro quintas partes (a no ser que los estatutos incorporen otra mayoría), que un piso en régimen de propiedad horizonal se dedique a uso turístico.

Según Huguet, ofrece «más garantías al usuario, al propietario, a los vecinos y más transparencia cara a la Administración». La Agencia Tributaria, añadió, tendrá «más herramientas para luchar contra el fraude fiscal». Los municipios disponen de un año para adaptarse al nuevo decreto. Barcelona y otras localidades, como Castelló d'Empúries y Palamós, que ya tienen sus propias ordenanzas, deberán modificarlas.