Dinero, del negro al blanco

El fisco sigue a la caza de las que sí se pueden considerar realmente grandes fortunas en negro. Algunos de los alrededor de 1.500 titulares de las 3.000 cuentas del banco HSBC en Suiza que en junio pasado recibieron cartas de Hacienda para que regularizaran su situación tributaria ya lo han hecho. Desde la Agencia Tributaria se niegan a facilitar datos, pero diversos despachos de asesores confirman este extremo, al igual que el hecho de que muchos de ellos han comenzado a recibir este mismo mes citaciones para iniciar procesos de inspección.

«Ya se han hecho las citaciones», confirmaron fuentes oficiales. Se negaron, en cambio, a precisar más. Al comenzar este proceso, algunas fuentes situaron el número total de implicados en unos 1.500 de niveles de renta altos. Para hacerse una idea, para abrir una cuenta en el HSBC se requieren un mínimo de dos millones de dólares --unos 1,5 millones de euros--.

El HSBC ha facilitado a los afectados los servicios del despacho Uría y Menéndez y la mayoría cuentan con sus propios asesores. «Se trata de personas muy bien asesoradas que, difícilmente, optarán por declarar de forma voluntaria ya que la mayoría de abogados especialistas saben que la información en la que se basa la Agencia Tributaria no se obtuvo de forma regular», recuerda José María Mollinedo, secretario general de la asociación de los gestores de Hacienda, Gestha.

El caso comenzó en mayo pasado, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información de los ejercicios fiscales 2005-2009.

Con esa información, Hacienda inició un procedimiento de gestión, previo a la inspección, y otorgó un plazo a los contribuyentes para que regularizaran su situación. Tras la conclusión del plazo, algunos declarantes regularizaron conforme a los criterios de Hacienda, pero otros lo hicieron parcialmente y algunos ni siquiera atendieron la reclamación de Hacienda.

«Es probable que algunos, para evitarse problemas, optaran por regularizar voluntariamente», admite Jaume Cornudella, de Landwell-PricewaterhouseCoopers (PWC). También lo habrán hecho aquellos cuya cuota defraudada superara los 120.000 euros. Ese es el umbral a partir del cual un fraude se convierte en un delito fiscal.

En todo caso, lo que no está muy claro es si el fisco remitirá a los tribunales a aquellos contribuyentes que hayan cometido un delito fiscal pero hayan regularizado, explican algunos asesores consultados que, a su vez, critican la fórmula empleada mediante una carta «con mucha indefinición».

El proceso iniciado por Hacienda generó críticas y, desde algunos sectores, se llegó a hablar de amnistía fiscal encubierta. De hecho, desde el inicio de la crisis, varias entidades abogaron por medidas de este tipo, como ya hizo Italia o Portugal y se hizo también en España en 1977, con la democracia recién nacida y a principios de los 90, con Felipe González como presidente. Con una amnistía, Italia logró introducir en el circuito legal 80.000 millones, el 5% del PIB en el 2009.

El dinero negro sería útil en un momento de elevado déficit. Y no se trata de sacar a la luz solo el oculto en España (según Gestha, uno de cada cuatro euros de riqueza generada en el país elude el pago de impuestos). También el que está fuera. Son un mínimo de 12.000 millones, según los fondos ingresados en el Tesoro español por paraísos fiscales en cumplimiento de una directiva europea. Pero escapan a ese control, con una retención de hasta el 15% en los rendimientos, otros muchos capitales invertidos, por ejemplo, en seguros de vida.