Los sindicatos tachan de «ataque» la ley y la patronal la ve «tímida»

La convalidación como ley de la reforma laboral ha acrecentado todavía más la gran distancia existente entre los sindicatos y la patronal. Mientras CCOO y UGT calificaron el texto aprobado ayer de «el mayor ataque a los derechos de los trabajadores», la patronal Foment del Treball, que forma parte de la CEOE, considera que la reforma del mercado de trabajo sigue siendo «tímida».

En un comunicado conjunto, UGT y CCOO denunciaron que si los sindicatos no son capaces de parar la aplicación de la reforma a través de la huelga general del próximo 29 de septiembre, se consumará el recorte de derechos laborales, algo que el Gobierno y el PSOE insisten en negar. Los sindicatos señalan que el texto final es fruto de las negociaciones del Gobierno «con los grupos conservadores de la Cámara, recorta los derechos de los trabajadores, hace más fácil, rápido y barato el despido y amplía el poder empresarial».

MÁS MARGEN EMPRESARIAL / Después de las enmiendas pactadas por los grupos, el texto constituye «el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años» y, «aunque cueste afirmarlo se ha llevado a cabo de la mano de un Gobierno socialista, jaleado por las organizaciones empresariales».

Para los sindicatos, la reforma «muestra su ineficacia sobre la contratación temporal y hace más vulnerable el empleo fijo; dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva» y legaliza las agencias privadas de colocación.

Por todo ello, UGT y CCOO estiman que la aprobación de la reforma laboral hace «más necesaria, si cabe, la huelga general». «Esperamos paralizar el país y somos conscientes de que habrá importantes voces que querrán generar resignación entre los trabajadores, pero la respuesta será unitaria», subrayó el líder de CCOO de Catalunya, Joan Carles Gallego. La vicesecretaria general de la UGT catalana, Eva Granados, aseguró que el 29 de julio será recordado como un día «nefasto».

Para Joan Pujol, secretario general de Foment, los cambios introducidos no suponen una mejora sustancial de la reforma, que «ataca de forma tímida la dualidad entre temporales y fijos». La introducción de la previsión de pérdidas como causa económica, destacó Pujol, «no aborda el problema de fondo del despido en España, que consiste en que se obliga al juez a decidir».

«Seguirá siendo muy complicado aplicar la causa económica de despido», indicó el dirigente empresarial, que no prevé una mayor apuesta de las empresas por pagar los 20 días en lugar de los 45 del llamado despido exprés, que es más caro pero seguro y rápido para los empresarios.