La Síndica propone revisar el protocolo de actuación en los desahucios en Barcelona

Tras una queja de los trabajadores de los servicios sociales, Maria Assumpció Vilà plantea que sea el personal del centro de emergecias sociales el que acuda a los lanzamientos

Activistas de la PAH con una de las afectadas, a la que paralizaron el desalojo, en la calle Robert Robert.

Activistas de la PAH con una de las afectadas, a la que paralizaron el desalojo, en la calle Robert Robert. / periodico

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La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, propone revisar el protocolo de actuación en los desahucios en Barcelona, y que sea personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) quien intervenga en los lanzamientos, en vez del del Centros de Servicios Sociales (CSS).

Tras recibir una queja de trabajadores del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y de sus representantes sindicales, disconformes con el protocolo de ejecución de los desahucios en Barcelona, la Síndica ha elaborado un informe en el que plantea ampliar el fondo de pisos de alquiler social del Consorcio de la Vivienda e incrementar el número de viviendas sociales temporales para la atención de las personas afectadas.

También considera que tiene que ser el personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) quien intervenga en los lanzamientos y no los trabajadores de los Centros de Servicios Sociales (CSS). Para Vila, la presencia de los trabajadores de los CSS no es necesaria en un desahucio y, en cambio, es "imprescindible" la de los del CUESB para atender a las personas que requieren atención psicosocial urgente.

MÁS MARGEN

Además, la Síndica considera muy necesario que los servicios sociales sean avisados con tiempo suficiente de un lanzamiento para trabajar una solución con la familia y emprender las actuaciones preventivas pertinentes, e incorporar a los cuerpos policiales en el protocolo de ejecución de los desahucios para una mejor coordinación.

El protocolo, vigente desde 2013, fue firmado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia a Cataluña (TSJC), la Secretaría de Gobierno del TSJC, el Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona.