Preparados para el disparo

La primera gran medida del nuevo ayuntamiento sobre turismo estaba tan cantada que no sulfuró al sector, preparado para el disparo. Acaso fastidió a los grupos de la oposición, que en general se quejaron de lo súbito y unilateral del anuncio. Y satisfizo a los vecinos más beligerantes contra los efectos del turismo.

El Gremi d'Hotels, como ya avanzó este diario durante la campaña electoral, había asumido que la mayoría de grupos estaba «en sintonía» sobre la reordenación de la oferta de alojamiento. Y que Colau les dejó claro que sería necesaria una moratoria. Aunque el programa de Barcelona en Comú aludía incluso a inspeccionar las licencias ya otorgadas. Para el presidente del gremio, Jordi Clos, es bueno que el asunto haya ido por la vía rápida para que la ciudad tenga clara cuanto antes «su política de alojamiento de los próximos años y ello genere confianza y conocimiento de causa entre los inversores», que desde ayer temporalmente han recogido velas. Añade que la nueva planificación ha de combatir la oferta ilegal, así como tener en cuenta la densidad y carga de cada zona, sin afectar a los vecinos y «conservando la esencia que hace atractiva a la ciudad». Y recuerda que el turismo genera 120.000 puestos de trabajo directos, unos 25.000 en hoteles. Y que las mil plazas que Barcelona sigue ganando al año implican unos 1.500 contratos en el sector de la construcción.

Igual para todos

Desde el frente de los pisos de uso turístico, la patronal Apartur consideró que aunque «ninguna moratoria es buena», el hecho de extenderla a todo el sector (hasta ahora solo les afectaba a ellos) hará «más fácil el diálogo conjunto». Y defendió un modelo de turismo familiar y sostenible. La patronal de apartamentos agrupados en edificios Prohut también cree que la situación hasta ahora era injusta y que el parón general invita a definir unos «criterios lógicos de ordenación». Pero advierte de que tras el nuevo plan harán falta recursos para su cumplimiento.

En el flanco sindical, CCOO espera que la iniciativa implique favorecer un nuevo modelo de convivencia entre turismo y ciudad.

Ayer mismo por la tarde, dos centenares de vecinos se concentraron en los Jardinets de Gràcia para pedir un «nuevo modelo de ciudad». Las asociaciones convocadas celebraron la moratoria, aunque insistieron en mantenerse vigilantes. La acción estaba convocada por varias plataformas ciudadanas de los barrios más turísticos bajo el lema Fem fora els lobbies de l'ajuntament.

El Gobierno catalán cargó contra la decisión municipal. El conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, vio la medida precipitada, con «tics autoritarios» y riesgo de «dar un mensaje internacional de desconcierto». Las agencias internacionales de prensa se hacían eco ayer del anuncio.

En ela oposición local, la portavoz de CiU y exconcejala de Economia Sònia Recasens criticó lo que tildó de «alcaldada de graves consecuencias para la ciudad», por implicar, sostuco, pérdida de puestos de trabajo y actividad económica, amén de inseguridad jurídica.

Para el socialista Jaume Collboni, Colau «reproduce el modelo de Trias en la toma decisiones», actuando con «hechos consumados» en vez de dar prioridad a combatir el alojamiento ilegal. El republicano Alfred Bosch cree que la moratoria debería haberse debatido previamente y que lo apremiante, además de frenar la ilegalidad, es descentralizar el turismo.

Carina Mejias (Ciutadans) acusó a Colau de no negociar al tomar decisiones que tienen «impacto económico» en Barcelona. Una tesis que compartió el PP, que arremetió contra la alcaldesa por «paralizar la ciudad» y le instó a afrontar los «problemas reales del turismo», del incivismo, la ilegalidad y la convivencia.