Millonaria indemnización por una explosión de gas

Una fuga de gas durante cinco horas en la zona de contadores del bloque número 36 de la avenida de Porta Diagonal del barrio de Alameda de Cornellà provocó a las 6,35 horas del 26 de enero del 2007 una violenta explosión en la que falleció una niña de dos años y medio. Más de ocho años después, un juez ha validado un acuerdo por la que un grupo de compañías aseguradoras pagarán 4,6 millones de euros a las 48 personas que resultaron lesionadas  y a la Empresa Municipal de Promoción Social (EMDUCSA), que se hizo cargo de la reconstrucción del edificio. La familia de la menor fallecida ya fue indemnizada anteriormente.

El juicio estaba fijado para el pasado mes de septiembre, pero, al final, no se celebró. Dos fueron los motivos. Primero: los perjudicados por la explosión de gas han llegado a un acuerdo con cinco aseguradoras para que estas se hagan cargo de las indemnizaciones por los daños personales y materiales sufridos. Y segundo: la Fiscalía de Barcelona retiró la acusación contra un arquitecto, un instalador y un jefe de obras imputados por la despenalización de las faltas tras la última reforma del Código Penal. Inicialmente, la acusación pública les atribuía una falta de homicidio por imprudencia leve y seis faltas de lesiones, por lo que les reclamaba una pena de multa.

ABSOLUCIÓN / El juez de Barcelona Ricardo Yáñez ha dado por bueno ahora el pacto entre las aseguradoras y los afectados, a la vez que ha dictado una sentencia absolutoria contra los tres imputados ante la retirada de la acusación. En los hechos probados, la resolución detalla los fallos detectados en instalación de gas y en la construcción de otros equipamientos del bloque.

La sentencia sostiene que las causas de la fuga de gas no se han determinado con exactitud, pero «muy probablemente» estuvieron relacionadas con «deficiencias» en la acometida de gas al armario de regulación de la presión, ubicado en el cuarto de contadores. El gas llegaba al armario en un tubo de polietileno y, tras el siniestro, pudo comprobarse que había restos de mortero en una conexión. El juez entiende que este hecho constituye un «indicio» de la posibilidad de que el tubo estuviera desde su instalación mal acoplado y que tal «deficiencia», después de 10 años sin consecuencia, provocase su desplazamiento y la fuga. El gas se propagó por el cuarto de contadores y por el ascensor,  hasta llegar a la azotea. Un punto de ignición provocó la deflagración.