Los últimos de La Clota

Ana Ruiz tiene 85 años y es viuda desde hace poco más de 10. Acaba de ser operada de un cáncer y vive con su hija, Isabel, de 55 y una discapacidad intelectual severa. Viven en una casita en la Riera de Marcel·lí, una calle pequeña y tranquila en el antaño plácido barrio de La Clota, en Horta, ahora rodeadas de casas en ruinas. Tienen un pequeño huerto, un patio donde Isabel pasea y una relación casi familiar con sus vecinas. «A mí me sacan de aquí y me matan. En el barrio lo tengo todo a mano, con mis vecinas, que me ayudan, y la niña igual. Yo no me quiero ir. Nunca he salido de Horta», apunta la mujer.

Es de una de las cuatro familias que quedan en su calle, afectada por un plan urbanístico que pretende convertir su barriada en un gran parque. El resto, propietarios -las cuatro familias que quedan están de alquiler-, cogieron el dinero de la expropiación y se fueron. Ahora quedan estas cuatro familias solas -todas formadas por jubilados, dos con hijos discapacitados a su cargo-, rodeadas de casas en ruinas que el ayuntamiento derribó para evitar ocupaciones y que ahora se han convertido en paraíso de botellones. «Con lo tranquilo que había sido este barrio y ahora no se puede vivir aquí, entre ruinas y basura», resume Pepita Escobar, otra de las unidas vecinas afectadas.

Pese a que ese conjunto de casas bajas están históricamente afectadas -«yo tenía 5 o 6 años y ya lo decían», explica Josep Vaqué, marido de Pepita-, este grupo de vecinos no recibieron las primeras ofertas de realojo por parte del ayuntamiento hasta hace cinco años. «Primero nos dijeron que nos realojarían aquí al lado, en una promoción nueva en las mismas condiciones en las que estamos ahora. Tenemos un contrato de alquiler vitalicio y pagamos 113 euros; pero después la situación cambió, y nos ofrecían esos pisos, pero de compra, y nosotros somos todos jubilados con pensiones pequeñas, ¡cómo nos vamos a meter en una hipoteca, a nuestra edad!», expone María Reina, principal apoyo moral y físico de Ana, y madre de Marta Fernández, quien envió una carta a este diario para denunciar la situación en la que se encuentran sus padres y su hermana, y otras tres familias del barrio.

Después de la negativa a mudarse al piso en el barrio, pero en condiciones inasumibles, el ayuntamiento les hizo una segunda oferta: un piso en el Poblenou, con un contrato de alquiler en las mismas condiciones durante 10 años. «A los 10 años y un día ya pasaríamos a tener otras condiciones. Nosotros no hemos decidido irnos, nos echan ellos, así que no queremos pagar más de lo que pagamos. Tenemos claro que no quedemos ni irnos del barrio ni pagar más», subraya Pepita. Como Ana, uno de los temas que lleva peor es irse a la otra punta de la ciudad. «A mí me da miedo el metro y el ascensor. Estoy acostumbrada a vivir en mi casita y ya tengo 85 años para cambiar», añade frágil Ana.

Además de sentirse engañados

- «primero nos dijeron que nos quedaríamos en el barrio con las mismas condiciones económicas, después nos ofrecían pisos aquí, pero de compra, y ahora nos dicen que nos vayamos al Poblenou, y con un contrato de 10 años», resume María- los vecinos de esta pequeña calle de La Clota se sienten abandonados. «Aquí no vienen ni a limpiar. Esta lleno de escombros, llamamos, y no nos hacen ni caso. La última ha sido que nos han quitado los contenedores. Es como si no existiéramos, pero estamos aquí, y no nos pensamos ir hasta que nos arreglen la situación», cuenta Jordi, marido de María y padre de Marta y de Montserrat, quien tiene una discapacidad y vive con ellos.

 «No paran de llamarnos para que vayamos a ver los pisos del Poblenou, que están muy bien, y claro que están bien, el problema no es ese, el problema es que las condiciones que nos ofrecen no son las que pactamos en su día. Nos quieren echar del barrio y encima en una condición de fragilidad todavía mayor de la que estamos ahora», cuenta María, miembro de la asociación de vecinos del barrio.  Hoy han sido convocados a una nueva reunión a la que van sin demasiadas expectativas. «Parece que tienen prisa, pero no nos iremos de cualquier manera. Esta es nuestra casa», concluyen guerreros.

Fuentes municipales aseguran que su objetivo es ofrecer viviendas sociales a todos los afectados y que «jamás» han presionado a nadie para que se marche de su casa. Puntualizan también que, después de los citados 10 años en los que se mantendrían las condiciones actuales, cada familia pagaría «según su renta».

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