La ira por la tarifa del bus y el metro se da un respiro

La batalla social contra la subida del precio del transporte público en el área metropolitana cumple cuatro meses sin que la política tarifaria se haya movido un centímetro. Ayer, por Sant Jordi, la ira por el coste del bus y el metro cumplió su 19º acto de protesta. Fue una convocatoria excepcional, pues pocos días antes, la plataforma Stop Pujades anunció su intención de abandonar las manifestaciones semanales para espaciarlas algo más en el tiempo y aglutinar así el máximo número de personas.

La primera gran marcha será el 10 de mayo. El día del libro y la rosa, sin embargo, requería un recordatorio para la Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), y fue así como decenas de personas se congregaron en la parada del suburbano de Catalunya, debajo de la FNAC del Triangle, otro foco de la indignación, en este caso, laboral, para volver a decir no al tarifazo del 2014.

En las convocatorias anteriores, TMB optó por abrir las compuertas para que todo el mundo pudiera pasar sin pagar, evitando así que alguna máquina sufriera daños. Ayer, sin embargo, las aglomeraciones propias de Sant Jordi y la presencia de numerosos agentes de seguridad evitaron que los tornos quedaran inhabilitados. Se unieron los incombustibles yayoflautas. Los pensionistas integran uno de los colectivos que más padecen el incremento medio superior al 5% que se aplicó a principios de año a los billetes.

NUEVA ESTRATEGIA / Las reuniones con la ATM, según denunciaba ayer un portavoz de Stop Pujades, «no han servido para nada a pesar de que muchos municipios, incluida Barcelona, y el propio Parlament, han instado a una revisión del precio». Así las cosas, y quizá para no desgastar a los que cada miércoles han ocupado el subterráneo para reclamar tarifas populares, la plataforma ha decidido «abrir un periodo de reflexión para debatir y analizar nuevas formas de contratacar». «Exploraremos todas las vías posibles, y no descartamos emprender acciones legales para denunciar el abuso a nivel tarifario», explicó el representante del colectivo, que consideró un «secuestro democrático» que no se escuche a los ayuntamientos que han reclamado revisar los abonos.