El fiscal exige casi 6 años para un inspector municipal por corrupto

La Fiscalía de Barcelona elevó ayer de tres años y tres meses a cinco años y siete meses de prisión su petición de pena para el funcionario municipal Eduardo Cabestany, inspector del distrito del Eixample y principal acusado de una presunta trama de corrupción en las concesiones de licencias a locales de la ciudad. Esta es la misma condena que reclama el Ayuntamiento de Barcelona. El motivo de la modificación es el agravante de empleado público.

En el juicio que se inició en la Audiencia de Barcelona, Cabestany, que se sentó en el banquillo junto con otras siete personas, admitió, en una declaración plagada de confusión, que le pidió a su cuñado que firmara proyectos como técnico privado para pedir licencias municipales porque él, al ser funcionario, no podía hacerlo en la capital catalana. Reconoció que él redactaba todo, pero que era su pariente, que también está acusado, quien le hacía «el favor» de revisar y dar el visto bueno a planos y documentos. Algunos de estos expedientes fueron tramitados por el funcionario imputado en su oficina en el distrito del Eixample.

Visiblemente nervioso y alterado (el presidente del tribunal le llamó varias veces la atención), Cabestany aseguró primero que nunca se le había dicho desde el consistorio que no podía ejercer de ingeniero por cuenta propia y, por lo tanto, desconocía que existía una incompatabilidad. Pero, al cabo de unos minutos, confesó que él no podía firmar los proyectos para solicitar licencias y lo hacía su cuñado. Se trataba de locales del Eixample, donde él era funcionario. Lo que sí recalcó es que en los expedientes que pasaron por sus manos «nunca hubo comisiones, ni pagos, ni licencias falsas».

DESPACHO PRIVADO / La fiscalía sostiene que Cabestany realizó una actividad privada y paralela de tramitación de licencias de legalización de locales a través de su despacho abierto en Barcelona. El imputado también reactivó expedientes que habían sido denegados por deficiencias. Según la acusación, el inspector municipal se puso de acuerdo con los otros imputados para poder realizar esta práctica y percibir dinero de los propietarios de los establecimientos, como hostales o centros de masajes. Por captar clientes, al exfuncionario Julián López Sánchez se le atribuye cobrar el 10% de cada negocio. La fiscalía detalla en su acusación hasta 16 operaciones distintas supuestamente irregulares. «Yo jamás le di dinero a López. Él debería tener sus acuerdos con los que pedían las licencias», detalló el principal acusado. Según su versión tampoco pagó nada a su cuñado. «Es un tema de favor familiar», sostuvo.

En la trama está implicado el también ingeniero Joaquín Quílez Mata, que está siendo investigado en un juzgado también por la concesión de licencias municipales a apartamentos turísticos en Ciutat Vella y por su vinculación a la red de corrupción policial descubierta a raíz del cierre de los clubs de alterne Saratoga y Riviera, en Castelldefels. De este ingeniero, Cabestany dijo que lo conocía solo por su trabajo de funcionario («venía a consultar expedientes al distrito») y negó que colaborara con él ni tuviera una relación comercial. Sin embargo, no pudo aclarar cómo en el registro efectuada en su despacho se halló un expediente original elaborado por Quílez. «No entiendo por que estaba allí». En su mesa del distrito se encontró otro.