Colau plantea modificar la ordenanza cívica para que no castigue la prostitución callejera

Pese a ser una de las grandes promesas electorales de Barcelona en Comú, el gobierno municipal no se ha atrevido abrir el debate sobre la modificación de la ordenanza del civismo hasta prácticamente la mitad del mandato. Consciente de que con sus 11 concejales no será fácil sumar los apoyos políticos necesarios para llevar a cabo tan delicada operación, quiere ir con pies de plomo. Este viernes han presentado (a la prensa, por la mañana, y a los grupos de la oposición, por la tarde), el estudio "cualitativo" encargado a dos investigadores de la UB para valorar los 11 años de aplicación de la norma, incómoda para el actual equipo de gobierno por su lógica higienista. Hablamos de una ordenanza que prevé sanciones de hasta 500 euros por dormir en la calle, y es más dura con la prostitución callejera que la propia 'ley Mordaza'. "La ley no prevé multar por ofrecer sexo, mientras la ordenanza del civismo, sí", pone como ejemplo el teniente de alcalde Jaume Asens, máximo responsable político del asunto.

El estudio, que concluye que la ordenanza vigente está desfasada y "sobrepenaliza" e "hipervulnerabiliza" a las personas que ya están en situación de desigualdad social y económica, quiere ser el punto de partida para este gobierno para acabar con el "efecto estigmatizador" de la norma, "introduciendo una mirada más social sobre el espacio público". "No podemos suscribir al 100% las recomendaciones del estudio, ya que aún no las hemos podido debatir a fondo, pero nos sirven para iniciar el debate", ha insistido Asens, quien también destaca lo costoso de la gestión de los expedientes (las multas), frente al gran número de impagos. De las 304 tramitadas por dormir en la calle en el 2014, se pagaron cuatro (un 1,32%), o de las 26.381 multas tramitadas a lateros en el 2014, se pagaron 85 (un 0,32%).

Las sanciones más polémicas de una ordenanza que pone muy caro ser sintecho

DIVERGENCIA ENTRE LO REGULADO Y LO REAL

Los doctores Cristina Fernández y Andrés Di Masso se han basado en 60 entrevistas tanto a "afectados" por la ordenanza -prostitutas, sintecho, músicos de calle y jóvenes que salen de noche-, como a operadores municipales (policías y técnicos de prevención). Lo primero que destacan es que el espacio público ha cambiado, desde ese 2006 en el que se redactó la ordenanza. "Hay una divergencia entre aquello regulado y la realidad", expone Di Masso. Las encuestas de servicios municipales reflejan que en el 2005 -cuando se coció la norma-, un 14,5% de la ciudadanía consideraba que la limpieza era el problema más grave de la ciudad. Ese porcentaje ha caído al 5,8% en el 2016. En el 2006, eran un 0,5% de los barceloneses los que veían el turismo como el mayor mal de la ciudad. Una década más tarde esa cifra ha alcanzado el 8,1% (la mayor preocupación de los barceloneses en la actualidad es, según esa misma encuesta, el paro y las condiciones de trabajo).

"Hay consenso en la necesidad de que exista un marco sancionador que regule los límites sobre lo que se puede hacer y lo que no en la calle, y en que la discrecionalidad que ofrece la redacción de la ordenanza actual provoca una arbitrariedad que vulnera el principio de seguridad jurídica", expone el investigador, quien apunta un tercer consenso. "Es necesario cambiar el foco: proteger a los vulnerables y sancionar las conductas relacionadas con el ocio", prosigue Fernández. En esa línea, Asens explica que otro de los factores a tener en cuenta es el aumento de las "quejas por ruido, seguramente vinculadas a pisos turísticos, que tienen que tener un reflejo en la nueva redacción de la normativa". Los estudiosos de la UB señalan también la necesidad de promocionar las medidas socioeducativas por encima de las sancionadores y desarrollar medidas que faciliten el acceso universal al espacio público.

NUEVAS REALIDADES

Para adaptarse a esa realidad del 2017, tan distante a la del 2006, Asens abre también la posibilidad de regular en la normativa las sanciones por aporofobia, como se conoce académicamente el odio al pobre. "Tanto en el caso del Youtuber que dio galletas con pasta de dientes a un hombre que vivía en la calle como en el de la agresión a un hombre en un cajero del Eixample, el ayuntamiento ordenó abrir una investigación. Las últimas cifras estatales indican que una de cada cuatro personas sin hogar ha sufrido abusos". 

Pese a la plena vigencia de la norma -cuyo proceso de reforma será lento- su aplicación sí ha sufrido cambios en los últimos años. En cuanto a la prostitución, de las 2.049 sanciones impuestas en el 2006 por ofrecer servicios sexuales en la vía pública se ha pasado a las 177 del año pasado, el año en el que se ha multado menos a este colectivo en la historia de la ordenanza. "Y no multar no ha supuesto un aumento de esta actividad", ha querido señalar Asens. Sobre quienes no ha disminuido la presión, sino más bien al contrario, es sobre los lateros. El 2016 fue el año en que se impusieron -que no cobraron- más multas al colectivo: 79.255.