Can Vies centra su defensa en denunciar «arrestos arbitrarios»

La sala de vistas 114 de la Ciutat de la Justícia -es un suponer, pero sucederá lo mismo en el resto de estancias- está presidida por un retrato de su majestad. Su majestad el rey Juan Carlos I, el mismo que abdicó a primeros de junio, hace ya casi siete meses. Bajo el posado serio y algo lateral del padre de Felipe VI, un juez instruyó ayer tres casos con un mismo paisaje: el desalojo de Can Vies y las noches de disturbios que siguieron al lunes 26 de mayo en el que los Mossos d'Esquadra ejecutaron la orden de un juez que ponía el freno de mano a 17 años de ocupación. La defensa, conocedora de la figura legal que dota de mayor peso al testimonio de la policía cuando su palabra se confronta a la cualquier otro, alegó la "ausencia de pruebas objetivas" por parte de los agentes, y cimentó su alegato en que "las detenciones fueron arbitrarias". La fiscalía apoyó sus peticiones de pena en los testimonios "inequívocos" de los policías.

Mientras el matrimonio Pujol-Ferrusola declaraba sobre sus cuentas en Andorra en el piso de encima, dos jóvenes de 19 y 22 años trataban de convencer al magistrado de que su rol en los altercados de Sants no pasó de apoyar al centro social en las manifestaciones convocadas. Sin más. Un tercer acusado no se presentó al juicio y se dictó la preceptiva busca y captura para que pueda responder de los delitos que se le imputan. Los dos que sí se personaron declararon su inocencia mediante la siembra de dudas sobre la versión policial, sólida en los argumentos, pero escasa en las pruebas. Aunque en aquel campo de batalla nocturno no debía de sobrar tiempo para entretenerse con la lupa.

Cena y Xibeca

Quim Nolla, de 19 años, se sentó en el banquillo de los acusados con una hora y media de retraso. La fiscalía pide para él seis años y seis meses de prisión por los delitos de desorden público y atentado contra la autoridad. El joven defiende que salía de casa de unas amigas y que se dirigía a su piso cuando varios mossos le dieron caza en la calle de Galileu. La versión policial, sin embargo, añade un 'peaje' a ese trayecto, pues según dos agentes que la noche del 28 de mayo trabajaban de paisano, habría lanzado una botella "tipo Xibeca" a un cordón policial de la Guardia Urbana en la esquina de las calles de Sant Jordi y de Sants. El vidrio impactó en el escudo de un policía y se hizo añicos en el suelo. Los mossos detallaron que le arrestaron 15 minutos después unas calles más allá para evitar el tumulto que pudiera suscitar la exhibición de su placa, pero «sin ninguna duda» de que era la misma persona.

A la defensa le llamó poderosamente la atención que los agentes no mostraran «pruebas objetivas» que puedan ir más allá de la presunción de veracidad de la que gozan todos los agentes de la ley ante un juez. No se intervino la supuesta bufanda con la que se tapó la cara. Se desconoce el nombre del policía local que recibió el impacto. Y no se reparó en que los cristales podían almacenar huellas del sospechoso. "Precisamente porque la detención se realiza lejos del lugar de los hechos, hay que ser muy cuidadoso con las diligencias; y por eso hacen falta pruebas periféricas", concluyó el abogado. El fiscal, por su parte, consideró "acreditado que estuvo en el lugar de los hechos y que intervino de manera patente en los altercados", ya que los agentes así lo confirmaron, y sin fisuras, en sus respuestas.

Puerta a puerta

Andrés García Barrio, letrado del otro acusado, denunció en la entrada de los juzgados las «detenciones arbitrarias y las cargas brutales de la policía que alertaron a todos los vecinos de Sants en esos días», y lamentó la "interpretación extensiva del derecho penal por parte de la fiscalía", en referencia al grosor de las penas solicitadas a los detenidos durante esas noches de carreras y fuego. La vista en la que su cliente, Arturo Liesa, de 22 años, se enfrentaba a dos años y nueve meses de cárcel por resistencia a la autoridad y desorden público, aunque este último cargo se retiró, fue algo más movida por el tono divergente de los testigos. Y ahí merece una mención la labor de los padres del chico, Delvina y Manuel, que estuvieron picando timbres durante diez días hasta que dieron con una señora que puso en tela de juicio el relato fotográfico de tres mossos.

Fue el último testigo: Maria Rosa Rius, vecina de la calle de Begur y sin relación con el acusado. Verificó la versión de Liesa, de cómo patinó mientras unos agentes iban tras él y de cómo no pudo en ningún caso resistirse. Los mossos, en cambio, alegaron que propinó "puñetazos y golpes" sobre el pecho de uno de ellos. La mujer les desmintió, aunque su testimonio fue menos certero cuando se le pidió entrar el detalle. El abogado, si su cliente resulta absuelto, pondrá una querella a los tres mossos por falso testimonio. Ambos casos están listos para sentencia.