BCN privatiza sus mejores párkings para financiar viviendas de alquiler

La convocatoria había generado todo tipo de rumores. Se citaba a los medios para presentar un proyecto sobre vivienda social de alquiler, pero se sabía que el tema de fondo podía ser otro; algo que tenía que ver con la posible privatización de los aparcamientos de la ciudad. Faltaba conocer la magnitud, las condiciones, los detalles de este nuevo ejemplo de la colaboración público-privada que CiU abandera desde que se hizo con el ayuntamiento. A media rueda de prensa, los periodistas recibían el dosier, y ahí estaba la jugada: Barcelona creará una sociedad mixta para gestionar 26 párkings del centro, 15 de los cuales son de la empresa pública BSM y el resto, todos menos uno, pertenecen a Saba, compañía cuya concesión se irá agotando en los próximos 10 años. De esta operación brota el asunto de la vivienda protegida, pues 100 millones generados por el vaivén subterráneo de vehículos se destinarán a la creación de 1.000 pisos de alquiler asequible.

Xavier Trias ofició la presentación y tuvo un arranque solemne: «Esta es la rueda de prensa más importante del mandato. Llevo dos años esperando poder hacerla». Tras hablar de un «cambio de filosofía», de una «iniciativa innovadora», de la necesidad de que «la actividad económica redunde en la gente», aclaró que lo que viene no es una venta del patrimonio municipal, sino la firme voluntad «de sacarle provecho».

La sociedad naciente tendrá un 40% de capital público -a través de la propia BSM- y un 60% que, por la vía del concurso, estará en manos privadas. La lógica invita a pensar que será Saba, con Criteria (La Caixa) como mayor accionista, quien lo consiga, aunque desde el consistorio se espera una nutrida lista de aspirantes. ¿Significa esto que el precio de estos párkings, los más bien situados de Barcelona, podría subir? La respuesta tiene una esperanza de vida de cuatro años, a contar desde el momento en el que entren en la nueva empresa por un periodo de 25 años. Según adelantó la teniente de alcalde de Economía, Sònia Recasens, tendrán permiso para subir la tarifa 10 céntimos por año «si quieren». No duden que querrán, y a partir del cuarto ejercicio, ya se verá. Con lo que costó implementar el pago por minutos, con unos privados que se negaban a semejante control del precio, y teniendo en cuenta que la mayoría del accionariado estará en manos capitalistas, habrá quien tema una cierta liberalización una vez vencido el plazo, aunque eso es algo que, según sostuvo la concejala, «los usuarios no aceptarían».

CONSTRUCCIÓN MIXTA / Del millar de pisos, la mitad se destinarán a «jóvenes, familias y parejas» a un precio que oscilará entre los 200 y los 400 euros. Siempre, insistió Trias, evitando que no dediquen a la vivienda «más del 30% de los ingresos» que entran en casa. El otro 50% se usará para «emergencias sociales», ya sean casos de desahucio, personas con discapacidad o gente mayor. La idea es que el Patronato Municipal de la Vivienda se haga cargo de 500 pisos, mientras que 400 los levantarían operadores privados y entidades sin ánimo de lucro y 100 se rescatarían por la vía de la compra directa, práctica ya iniciada en Torre Baró. De cristalizar esta operación, el parque de vivienda pública de alquiler se incrementaría en un 10%, alcanzando los 11.200 pisos en toda la ciudad.

CAMUFLAJE Y TARDANZA / La oposición no tardó en reaccionar. Jordi Martí (PSC) tachó el proyecto, con ciertas similitudes con lo que se hizo con Servicios Funerarios en el mandato anterior, de «deshonesto y sospechoso». «Trias camufla con vivienda social la privatización de BSM y pone en juego 15 aparcamientos que son los rentables, constituyendo una sociedad mixta en la que el ayuntamiento será minoría», dijo. Alberto Fernández Díaz (PP) consideró que la idea, que calificó de positiva, «llega tarde» y que se basa «en los propios incumplimientos del ayuntamiento de disponer de un parque de vivienda social más amplio».

En sintonía con los socialistas, que en su momento idearon una fórmula similar hasta que la victoria de CiU aparcó el plan, Ricard Gomà (ICV-EUiA) acusó al alcalde de «maquillar una operación de privatización», y defendió que la inversión de 100 millones en pisos «es perfectamente factible sin tener que recurrir a la mercantilización del patrimonio público». Jordi Portabella (UpB) lamentó que esta no haya sido «la primera medida del mandato, dado que la vivienda es, con el paro, lo que más preocupa a la gente». El líder independentista recordó que los párkings forman parte de la movilidad de la ciudad, con lo que, reclamó, los beneficios «deberían destinarse al refuerzo del transporte público».

Al margen del camino empresarial por recorrer, el plan debe lograr un socio en el pleno del ayuntamiento. Y en ese menester, la única opción, hoy en día, parece ser el PP.