Barcelona redobla la frustrante lucha contra los pisos turísticos ilegales

La ofensiva contra los pisos turísticos ilegales en Barcelona anuncia una nueva cruzada, con más recursos de inspección y detección, sanciones de hasta 600.000 euros para plataformas online de reservas, convenios con la Agencia Tributaria para cazar los casos de ingresos sin declarar y más implicación ciudadana en la denuncia. El gobierno municipal de Ada Colau pretende frenar la actividad, como ya intentaron hacer sus predecesores Hereu y Trias, pero con un mismo lastre: la complejidad y lentitud de los trámites sancionadores. Un ejemplo de la frustrante lucha: desde el 2015 ha habido 6.005 inspecciones, con 604 órdenes de cese (en distintas fases resolutivas), pero solo 38 viviendas irregulares que hayan dejado de operar este año. El consistorio no ha podido dar datos sobre las sanciones que han llegado a cobrarse.

La guerra contra esta fórmula de economía sumergida es desigual, porque los ayuntamientos topan con límites a la hora de comprobar la actividad de una vivienda y los propietarios pueden recurrir a infinidad de triquiñuelas. Pero además, la plantilla de inspectores es minúscula ante el volumen de casos. En este sentido, el consistorio ha anunciado la contratatación de ocho nuevos inspectores que se suman a los 12 del actual equipo central dedicado a este ámbito, pero también a las terrazas de bares y restaurantes. Los equipos de distrito (que realizan otras muchas tareas) también se refuerzan con cuatro personas (ahora había un total de 49), que cubren bajas y jubilaciones. Al Eixample le corresponde uno y al Gracia, dos. Un impulso modesto para una labor titánica.

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Esta limitación inspectora hace que el ayuntamiento apueste por una nueva figura, un grupo de 20 "visualizadores", formados con planes ocupacionales en Barcelona Activa, para buscar los casos in situ que han sido detectados en anuncios en la red y también para entrevistar a turistas con el reto (algo ingenuo) de obtener datos sobre su alojamiento y sus contratos; y de interrogar a vecinos sobre la existencia de viviendas turísticas ilegales.

Este paquete de refuerzo se completa con inspecciones nocturnas en Ciutat Vella, donde es difícil pillar in fraganti la utilización de un piso turístico de día, destaca la concejal del distrito Gala Pin, que presentó el operativo junto con la edila de Urbanismo, Janet Sanz, y el de Turismo, Agustí Colom.

CAZA ONLINE

En paralelo, el llamado plan de choque incluye un convenio con la Generalitat para usar la llamada "araña web" que rastrea los anuncios sin número de registro legal del piso turístico. Las plataformas que así lo hacen tienen multas de hasta 30.000 euros, pero las reincidencias en esta intermediación ilegales preven ahora, con un nuevo régimen sancionador, sanciones muy graves de hasta 600.000 según la ley de turismo de Catalunya. Seis portales han dejado de anunciar pisos sin licencia, se ha incoado expediente sancionador a otros nueve (que podría agravarse si no colaboran con la administración facilitando datos de los ilegales) y se han resuelto ya dos casos con sanciones de 30.000 euros para airbnb y homeaway, que si no son corregidos derivarán en multas más altas.

Pero también se ha llegado a los pequeños intermediarios (17) y a 31 particulares que ponen anuncios de pisos no autorizados. La multa inicial es de 30.000 euros también como mínimo, aunque se incrementa en algunas casuísticas, como cuando más del 50% de pisos de la finca actúen como camas turísticas ilegales. La suma irá en función del beneficio obtenido. Si hay licencia pero el piso es molesto para la comunidad, la sanción se acompañará de una orden que dejará sin efecto el permiso.

HACIENDA ENTRA EN JUEGO

La colaboración con la Agencia Tributaria, como reclamaban los vecinos de la Barceloneta, se traduce de momente en el inicio de inspecciones a 3.000 contribuyentes a raíz de cobros bancarios desde plataformas mediadoras de alquileres. El ayuntamiento dio el 'chivatazo' de los 986 expedientes abiertos entre el 2011 y el 2015.

Para facilitar la denuncia entre los vecinos que sufran problemas con pisos turísticos, amén de los números de gestión de quejas (900 226 226) y 010 y 092, una nueva web permitirá comprobar desde el jueves si un alojamiento para turistas es legal o no y cursar la denuncia en el caso que corresponda, al margen de cualquier tipo de incidencia con uno legal.

La busqueda de colaboradores en la contienda se extiende a los administradores de fincas, para que informen a sus clientes de que pueden prohibir los pisos turísticos en sus estatutos (no es retroactivo) o denunciar los casos conflictivos. Y reitera una campaña comunicativa para adoctrinar al turista con folletos para que no se aloje en pisos ilegales, además de una acción para sensibilizar a la ciudadanía.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"Airbnb acusa al ayuntamiento de promover una normativa \"arcaica\"","text":"El ayuntamiento considera a Airbnb un\u00a0ejemplo de plataforma\u00a0intermediaria\u00a0que podr\u00eda\u00a0alcanzar 600.000 euros de sanciones\u00a0si reincide,\u00a0tras haberle multado ya con 30.000 euros por anunciar pisos sin licencia y no proporcionar los datos de los anunciantes al consistorio.\u00a0El gigante de las reservas tur\u00edsticas\u00a0en pisos particulares y habitaciones privadas replica\u00a0que promueve la\u00a0econom\u00eda colaborativa y\u00a0que otras urbes\u00a0han adoptado \"leyes simples y claras\", en lugar de las normas \"arcaicas\" que en Barcelona protegen a \"empresas tradicionales\" y no cumplen con las directrices de la UE."}}