Barcelona indemnizará por el error en un sorteo de pisos protegidos

Gritaron, saltaron de emoción y hasta lloraron cuando se enteraron de que habían ganado un piso protegido en plena avenida Diagonal en el macrosorteo de 1.554 viviendas celebrado en un gran acto de precampaña en febrero del 2007. Pero pocos meses después su gozo de esfumó. Realmente no eran ganadores legítimos porque el ayuntamiento había metido sus nombres, por error, en el bombo equivocado, y se les denegó su derecho a la vivienda. El error hizo que al menos 17 afectados acudieran a los tribunales. El capítulo final de la historia se conoció hace pocos días: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obligado al ayuntamiento a indemnizar al primero de los afectados con 6.000 euros «por los daños morales» que ocasionó el error administrativo.

Ahora, otra decena de afectados, que también han apelado las sentencias en el mismo tribunal (la Sección Tercera de la Sala Contenciosoadministrativa) tendrán, casi con seguridad, la misma suerte. Al menos así lo cree Margarida Rodríguez, abogada de los demandantes, puesto que el mismo tribunal lleva todos los casos, que son idénticos.

VICTORIA «MORAL» / La sentencia, firme y contra la cual ya no cabe ningún recurso, obliga al ayuntamiento a pagar en dos meses y, de no hacerlo, tendrá que cancelar los intereses y se podría reclamar la responsabilidad al propio alcalde Jordi Hereu, según advierte la propia sentencia. El afectado acudirá el próximo martes a las oficinas de Urbanismo a recoger el pago.

El tribunal ve probado que el primer demandante tuvo un daño por un funcionamiento anormal de la Administración. Pero la sentencia queda lejos de las aspiraciones de los demandantes que habían reclamado 180.000 euros de indemnización. «Era muy difícil fijar un criterio y optamos por una cantidad alta. Pero lo importante es que el tribunal nos da la razón y es una pequeña victoria moral», dice la letrada.

Para adjudicar los pisos de la calle del Pallars, 360 (esquina con la avenida Diagonal) el ayuntamiento reservó un tercio de las plazas para los residentes del Poblenou por una exigencia de la asociación de vecinos que reclamaba cierta ventaja para los jóvenes del barrio. En el sorteo se colocaron dos bombos: uno reservado para los vecinos del barrio y otro para el resto de barceloneses.

Un error administrativo (algunas fuentes justificaron que pudo tratarse de un error en el programa informático) hizo que algunos jóvenes de otros barrios de la ciudad fueran incluidos en el bombo de los vecinos de Poblenou. Y cuando el ayuntamiento se percató de la equivocación, les negó la vivienda. El gobierno local se escudó en los términos legales del sorteo que obliga a los solicitantes a comprobar si sus datos son correctos y si fueron incluidos en las listas que les correspondían. Ninguno de los afectados se percató de la letra pequeña, con lo cual luego sobrevino la desgracia.

Los afectados acudieron a los tribunales por separado, puesto que la justicia se negó a admitir un trámite conjunto. En primera instancia, algunos de ellos recibieron sentencias favorables y otros contrarias. Tanto el ayuntamiento barcelonés como los jóvenes recurrieron todas las sentencias desfavorables a sus intereses ante el tribunal.

Pero la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mejora incluso la indemnización más favorable lograda en los tribunales de primera instancia: 1.500 euros. «Estamos satisfechos porque al menos es una victoria moral para los afectados que ya habían renunciado desde hace mucho tiempo a la idea de obtener el piso protegido», explica la abogada Margarida Rodríguez ahora especializada en conflictos urbanísticos.

De los 17 afectados, algunos han ido desistiendo de su pelea judicial y solo 10 han llegado hasta el final. Dos de ellos todavía esperan una sentencia en los tribunales de primera instancia.

VENTAJA FINAL / Pero, cosas de la vida, lo que fue una pesadilla en su momento ahora es visto por algunos de los afectados como lo mejor que les pudo haber pasado. Si los ganadores de las viviendas de protección oficial se hubiesen hipotecado, muchos de ellos ya estarían desahuciados y con una enorme deuda con las entidades bancarias.

Algunos de los jóvenes afectados por el error han sido arrastrados por la crisis económica y la precariedad laboral. El ganador de la primera sentencia firme, Said Azzouzi, recibirá el dinero en el momento en que más lo necesita. La semana pasada estaba siendo desalojado de una vivienda de alquiler que no podía pagar, aunque asegura que la indemnización no le alcanzará para hacer frente a sus deudas. «Tengo que pagar unos 3.000 euros de abogados. Ahora vivo con una hermana porque me quedé sin trabajo y ya no puedo pagar ni el alquiler. Este dinero llegará para muy poco», cuenta Azzouzi.

Hace cuatro años, los afectados, que constituyeron una plataforma, no aceptaban otra solución diferente a la entrega de un piso de protección oficial. Hoy, con una mayor precariedad laboral y el paro, y con el aumento de desahucios, la mayoría cree que el error pudo haberlos salvado de un auténtico suicidio hipotecario.