LAS EXTENSIONES DE UNA RED DE EXTORSIÓN NACIDA EN CIUTAT VELLA

Las víctimas de Quílez

Afectado 8 Una de las víctimas de Quílez, ayer en su hostal.

Afectado 8 Una de las víctimas de Quílez, ayer en su hostal.

DAVID PLACER / Barcelona

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La historia de tres hosteleros del distrito de Sants-Montjuïc que estuvieron a punto de perder las licencias de sus negocios tienen un protagonista común: Joaquín Quílez, el ingeniero imputado por una trama corrupta de concesión de licencias en distrito de Ciutat Vella, que también trabajaba en otros distritos de la ciudad. Los tres empresarios recibieron multas, órdenes de cierre y, según relatan, un acoso constante de funcionarios y policías. Para dos de ellos, todos sus problemas acabaron cuando contrataron los servicios de Quílez, que tramitó nuevas licencias con el ayuntamiento. La tercera víctima se negó a entrar en su juego, lo que le ocasionó una vigilancia«casi diaria». Los tres se niegan a hacer públicas sus identidades por temor a represalias. Están convencidos de que la trama corrupta -y violenta- todavía mueve sus fichas en el ayuntamiento.

VÍCTIMA 1

«Terminé pagando 60.000 euros»

Relata que heredó el hostal que levantaron sus padres en la década de los 60 y, de forma repentina, hace unos siete años comenzó a recibir notificaciones del distrito de Sants-Montjuïc de que el negocio no tenía licencia y que, por tanto, debía cerrar. El establecimiento contaba con una licencia de actividad de 1967 y nunca había tenido problemas hasta esa fecha.«Comencé a recibir la visita de supuestos funcionarios sin identificación que me decían que me iban a cerrar el hostal. Una vez me encontré una orden de cierre en el suelo, frente a la puerta, un procedimiento muy extraño. Lo peor es que nunca me hicieron una inspección oficial»,explica el afectado.

Al comentar su situación con otros hostales de la zona, recibió el mismo consejo en varias ocasiones:«Llama a Quílez».Y así lo hizo y, según comenta el afectado, dejó de recibir las cartas del distrito anunciando el cierre.«Él me decía que tenía que pagarle rápido porque tenía que hablar con un inspector del distrito para detener esa orden. Siempre mencionaba a ese inspector para presionarme con los pagos», asegura el dueño.«Le entregué varias sumas de dinero. Hacía los recibos a mano. Al final, terminé pagando 60.000 euros. Ya tengo el problema arreglado pero nunca me olvidaré de lo mal que me lo hicieron pasar. Pensé que perdía el negocio»,agrega.

VÍCTIMA 2

«Lo que no arregla él, no lo arregla nadie»

Cuenta que adquirió un hostal hace cuatro años y el antiguo propietario le advertió de que no tendría problemas con la licencia porque fue tramitada por«un tal Quílez; caro, pero tiene mano en el ayuntamiento».Pocos meses después, recibió la visita de un funcionario de la Generalitat, que le comunicó que el trámite de la licencia estaba incompleto.«También llamé a Quílez, porque me habían dicho que 'lo que no lo arregla él, no lo arregla nadie', y me pidió 18.000 euros. Ya había recibido 15.000 euros del antiguo propietario y no completó el trámite para cobrarme a mí otra vez», asegura.

Quílez, con barba y un cabello algo despeinado, no se despegaba al auricular de su teléfono móvil, hasta el punto de que despistaba a los que hablaban con él.«No sabía si hablaba conmigo o con otro cliente. Siempre estaba hablando. A mí no me hizo gran cosa. Me dijo que tenía que instalar cortinas ignífugas, colocar un extractor de humos más y algún detalle pequeño. Al final, tuve que pagar 15.000 euros más», agrega el propietario.

VÍCTIMA 3

«Pasé varios meses de mucha angustia»

Pese a recibir la visita de Quílez en persona, quien le pidió unos 30.000 euros para tramitar una nueva licencia, se negó a contratar sus servicios. En ese momento, asegura, las inspecciones municipales aumentaron y recibió varias multas y una orden de cierre por tres meses. «Tenía que sacar una licencia nueva. La inspección técnica concluyó que podía continuar con la actividad mientras arreglaba algunos detalles menores, pero el distrito decidió cerrarme»,comenta.«Y justo toman esa decisión un viernes en la tarde, puente de la Constitución, con el hostal a reventar. Tuve que alojar a todos en otros hoteles, pagar habitaciones al doble de lo que yo había recibido»,explica.«Me han multado hasta por colocar una cámara de videovigilancia. Pasé varios meses de mucha angustia»,remata.